Por Cristell Lozada
MÉRIDA, Yuc., 28 de mayo de 2026.— El caso que conmocionó a Mérida por el asesinato de una mujer y la brutal agresión contra una menor en el fraccionamiento Real Montejo ya generó una reacción en el Congreso de Yucatán. En medio de la indignación social, el diputado priista Gaspar Quintal presentó una iniciativa para endurecer las penas contra quienes ejerzan violencia extrema o cometan homicidios contra niñas, niños y personas vulnerables dentro del hogar.
La propuesta busca reformar el delito de homicidio en razón de parentesco o relación para imponer penas de hasta 55 años de prisión. Además, plantea ampliar la responsabilidad penal a padrastros, parejas sentimentales, tutores de hecho o cualquier persona que conviva con menores y tenga funciones de cuidado, protección o vigilancia, aun sin vínculo legal directo.
El hogar como zona de riesgo
El legislador sostuvo que muchos de los casos más graves de violencia ocurren dentro de las viviendas, donde niñas y niños quedan expuestos a personas que ejercen poder y control sobre ellos. Por ello, la iniciativa pretende cerrar vacíos legales y aumentar las sanciones cuando las víctimas sean menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad.
La propuesta surge en un contexto en el que Yucatán mantiene cifras relativamente bajas de homicidios, pero enfrenta miles de denuncias por violencia familiar. Tan solo durante 2023 se iniciaron más de ocho mil carpetas de investigación por este delito, mientras que en 2024 la cifra volvió a superar las siete mil denuncias.
Gaspar Quintal advirtió que estas cifras muestran que el hogar, lejos de representar siempre un espacio seguro, puede convertirse en uno de los principales focos de riesgo para las infancias. Señaló que el Estado debe actuar con mayor firmeza frente a quienes aprovechan relaciones de confianza o convivencia para cometer actos violentos contra menores.
Buscan cerrar paso a la impunidad
La iniciativa también busca enviar un mensaje de mayor severidad contra la impunidad en casos de violencia familiar extrema, especialmente después de hechos recientes que generaron indignación social en Mérida y reavivaron el debate sobre la protección de niñas y niños dentro de los hogares.
El diputado insistió en que proteger a las infancias debe convertirse en una prioridad absoluta y afirmó que las leyes necesitan responder con mayor contundencia ante contextos donde la violencia ocurre de manera reiterada y silenciosa hasta derivar en tragedias.
