Ciudad de México, 15 de diciembre de 2025. — La Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer que un juez federal dictó auto de vinculación a proceso en contra de César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, por su probable responsabilidad en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, previsto en la legislación penal federal.
De acuerdo con el boletín oficial de la FGR, el Ministerio Público de la Federación presentó datos de prueba que permitieron al órgano jurisdiccional considerar que existen indicios suficientes para iniciar el proceso penal, relacionado con un esquema mediante el cual se habrían ocultado recursos de procedencia ilícita a través del sistema financiero mexicano.
“Los hechos, materia de investigación en contra del exmandatario estatal, son por su probable participación, en su calidad de servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita aparentemente desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano”, aseguró la Fiscalía.
Antecedentes: Orden judicial y medida cautelar
La Fiscalía precisó que la orden de aprehensión fue emitida el 16 de mayo de 2024 por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, y fue ejecutada el 8 de diciembre de 2025 en el estado de Chihuahua.
Tras celebrarse la audiencia inicial, el juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que el imputado permanece internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”. Asimismo, se fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
Autorización internacional y contexto del caso
La FGR detalló que, debido a que Duarte fue extraditado desde Estados Unidos en junio de 2022 por delitos distintos —peculado y asociación delictuosa—, fue necesario solicitar autorización al gobierno estadounidense para proceder penalmente por un nuevo ilícito. Dicha autorización fue concedida el 4 de diciembre de 2025, lo que permitió ejecutar la acción penal federal.
Según la investigación, los hechos bajo análisis se relacionan con la actuación de Duarte durante su desempeño como servidor público en el estado de Chihuahua, periodo en el que presuntamente se intentó dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.
Un reporte de Reuters señaló que durante su mandato como gobernador de Chihuahua (2010–2016) Duarte está acusado de ayudar a desviar más de 96 millones de pesos del erario estatal entre 2011 y 2014.
Presunción de inocencia
La Fiscalía General de la República subrayó que, conforme al marco constitucional, César Duarte debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.
Este proceso penal es independiente de las causas que el exmandatario enfrenta en el fuero común en Chihuahua, las cuales continúan su curso ante las autoridades estatales.
