CIUDAD DE MÉXICO, a 27 de agosto de 2026.— Fernando Farías Laguna enfrentará un proceso penal en México. Un juez de control determinó vincularlo a proceso por su probable participación en una organización relacionada con delitos en materia de hidrocarburos, informó este jueves la Fiscalía General de la República (FGR).
La resolución se produjo durante la continuación de la audiencia inicial, después de que la defensa del ex servidor público solicitara la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.
De acuerdo con el comunicado FGR 574/26, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba con los que formuló la imputación.
El delito atribuido es delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos, específicamente en la modalidad de ocultamiento.
Seguirá en prisión en el Altiplano
Además de la vinculación a proceso, el juez ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que Farías Laguna continuará interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como “Altiplano”, ubicado en Almoloya, Estado de México.
Farías Laguna fue detenido el pasado 23 de abril en Argentina, luego de que Interpol emitiera una Ficha Roja a petición de autoridades mexicanas, debido a que existía una orden de aprehensión en su contra.
Tras el procedimiento seguido en ese país, fue expulsado y trasladado a México en una aeronave de la Secretaría de Marina, acompañado por personal ministerial de la Fiscalía. A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue llevado directamente al penal del Altiplano para quedar a disposición de la autoridad judicial.
Desde las investigaciones iniciadas previamente, autoridades federales han relacionado a Fernando Farías Laguna con una estructura presuntamente dedicada al tráfico ilegal de combustibles.
La vinculación a proceso no representa una sentencia. La propia FGR recordó que el imputado deberá ser considerado inocente mientras no exista una resolución condenatoria dictada por una autoridad judicial.
