Por Staff
La solicitud de financiamiento por 4 mil 200 millones de pesos presentada por Servicios Broxel ante Bancomext enfrenta cuestionamientos por los riesgos financieros que podrían derivarse de los presuntos incumplimientos contractuales de la compañía tecnológica. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno advirtió que una eventual afectación a las finanzas de la empresa podría trasladarse a la banca de desarrollo y al erario federal.
Ante este escenario, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó durante la conferencia Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que su dependencia consultó el caso con la instancia anticorrupción y que posteriormente se dará a conocer información al respecto. La declaración se produjo tras una pregunta sobre las anomalías detectadas en adjudicaciones gubernamentales y sus posibles repercusiones en los recursos públicos.
La semana pasada se dio a conocer el oficio 223/DGPCMC/352/2026, fechado el 10 de noviembre y emitido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro. El documento advirtió a Bancomext sobre la inviabilidad de autorizar la línea de crédito solicitada por Broxel, debido al riesgo de que las eventuales afectaciones financieras de la empresa repercutan en la banca de desarrollo y en el erario federal.
De acuerdo con la documentación oficial, después de obtener una licitación consolidada en 2025 para distribuir vales electrónicos de despensa, la empresa propiedad de Gustavo Gutiérrez Galindo formalizó contratos con más de 150 instituciones públicas bajo condiciones distintas a las ofertadas originalmente durante el procedimiento de contratación.
La dependencia señaló que las modificaciones contractuales derivaron en el cobro de recursos públicos excedentes. Pese a los requerimientos formales de las autoridades fiscalizadoras, la empresa no habría reintegrado la totalidad de los montos y mantiene un adeudo de 29.4 millones de pesos, correspondiente a 39 instituciones de la Administración Pública Federal.
Por estos hechos, el órgano de control mantiene abiertos procedimientos de investigación administrativa que podrían derivar en sanciones conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). Entre las medidas contempladas se encuentra la posible inhabilitación temporal de Broxel para participar en nuevos procedimientos de contratación o recibir adjudicaciones públicas.
El análisis técnico también advierte sobre la dependencia de los ingresos de la compañía respecto de los contratos gubernamentales. Según registros oficiales, durante 2025 sus contrataciones alcanzaron montos máximos de 9 mil 751 millones de pesos con dependencias federales y 3 mil 591 millones de pesos con el Gobierno de la Ciudad de México.
La posible inhabilitación de la empresa podría comprometer su liquidez y capacidad de pago frente a un financiamiento bancario. Este riesgo forma parte del contexto en el que se analiza la solicitud de crédito presentada ante Bancomext.
Para respaldar su petición por 4 mil 200 millones de pesos, Broxel entregó una proyección de negocios gubernamentales por 32 mil 296 millones de pesos. El documento desglosa estimaciones por institución, producto, monto, fecha prevista y probabilidad de éxito, e incluye operaciones relacionadas con vales de despensa, tarjetas de combustible y programas de lealtad.
No obstante, el listado presentado ante la banca de desarrollo no distingue entre contratos vigentes y prospecciones comerciales, además de omitir los ejercicios fiscales correspondientes. Estas omisiones dificultan determinar qué parte de los ingresos proyectados cuenta con respaldo en adjudicaciones formalizadas.
Al contrastar la cartera presentada por Broxel con los fallos publicados en la plataforma Compras MX, se identificó una partida de 10 mil 337 millones 990 mil 532 pesos correspondiente a vales electrónicos de despensa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La cifra coincide con el monto máximo a dispersar de la licitación LA-06-400-006400001-N-19-2025, adjudicada a la empresa el 8 de diciembre de 2025 para atender a 206 entes federales. El fallo establece un pago máximo de 9 mil 751 millones de pesos, después de aplicar el descuento ofertado.
En contraste, otras proyecciones de mayor cuantía presentan diferencias o carecen de respaldo documental identificado en los registros de compras públicas. Una de ellas corresponde a una partida estimada en 3 mil 749 millones de pesos para vales de papel destinados al Gobierno de la Ciudad de México.
Aunque Broxel obtuvo el 4 de noviembre una licitación capitalina para vales de fin de año por hasta 4 mil 43 millones de pesos, las diferencias en el importe y el objeto contractual impiden confirmar que ambas cifras correspondan a la misma operación.
La relación entregada a Bancomext también contempla 6 mil 602 millones de pesos para tarjetas de combustible de la SHCP y otros 3 mil 686 millones de pesos para el Gobierno capitalino, sin que se hayan identificado adjudicaciones a favor de la compañía por esos montos en la información referida por la nota original.
Por otra parte, fuentes al interior del Congreso de la Unión que solicitaron mantener el anonimato señalaron al senador Alejandro Murat como una figura vinculada con la expansión y los contratos de Broxel en entidades como el Estado de México y Oaxaca, así como con el INFONAVIT. Se trata de señalamientos atribuidos a dichas fuentes, no de una conclusión oficial acreditada en el texto.
El análisis de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno también advierte sobre un posible conflicto de interés relacionado con la gestión del crédito. Según el oficio, el representante legal de Servicios Broxel, Karlo Gerardo Siliceo Valdespino, tiene parentesco por consanguinidad con Miguel Sergio Siliceo Valdespino, titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La dependencia fiscalizadora precisó que el funcionario ocupó anteriormente el cargo de director general adjunto en Bancomext, institución de la que mantiene una licencia sin goce de sueldo. Por esta razón, el documento plantea que podría conservar un vínculo laboral vigente con la banca de desarrollo ante la cual se tramita el financiamiento solicitado por Broxel.















