CIUDAD DE MÉXICO, a 26 de enero de 2026.— El Órgano de Administración Judicial (OAJ), encabezado por Néstor Vargas Solano, concretó la adquisición de 571 vehículos por un monto de 252 millones de pesos mediante un esquema de adjudicación directa, sin que en los registros oficiales del Gobierno federal aparezca identificada la empresa beneficiada ni se publique un análisis del parque vehicular a renovar o un estudio de mercado que respalde la decisión.
La compra fue formalizada sin documentación técnica, financiera u operativa que justifique la omisión de una licitación pública, pese al volumen del contrato y a su impacto presupuestal dentro del Poder Judicial de la Federación.
Compra sin estudios ni justificación técnica visible
El Pleno del OAJ argumenta que la sustitución del parque vehicular se realizó debido a fallas recurrentes en las unidades existentes. No obstante, en el boletín emitido el 23 de enero no se anexan dictámenes de seguridad, evaluaciones de costo-beneficio ni reportes de mantenimiento que sustenten la urgencia ni la modalidad de contratación.
De acuerdo con fuentes extraoficiales del propio Órgano de Administración Judicial, el proveedor presuntamente favorecido sería Jet Van Car, empresa propiedad de Cuauhtémoc Velázquez García y Teresa López Castillejos, la cual habría recibido los 252 millones de pesos para suministrar vehículos destinados a directivos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Del total de unidades adquiridas, 124 corresponden a modelos híbridos y/o eléctricos. Sin embargo, no se detallan los costos asociados a su recarga, el consumo energético ni el impacto operativo de estas unidades. Un trabajador del OAJ señaló que la dependencia no cuenta actualmente con la infraestructura necesaria para la instalación de cargadores.
Jet Van Car, vinculada desde su origen al panismo, expandió su participación en contratos públicos durante el gobierno de Felipe Calderón. Entre 2010 y 2026, la empresa acumuló 825 contratos federales por un monto superior a 19 mil 384 millones de pesos, de acuerdo con información del portal de compras gubernamentales Compras MX.
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, la compañía fue inhabilitada por incumplimientos contractuales. Además, la Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías millonarias en sus operaciones y dio vista al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para investigar posibles irregularidades fiscales.
La adjudicación directa realizada por el OAJ, sin sustento público verificable ni identificación formal del proveedor en los archivos oficiales, vuelve a colocar en el centro del debate la transparencia y la rendición de cuentas en contrataciones de alto impacto dentro del Poder Judicial.
