Por Yoisi Moguel
MÉRIDA, Yuc, 18 de marzo de 2026.- Bajo la consigna de “¡Alto a la criminalización!”, diversas comunidades mayas de Yucatán convocaron a toda la sociedad civil para marchar este sábado 21 de marzo en el Paseo de Montejo, como protesta de una presunta detención ilegal en contra de Manuel Israel Góngora Pat, defensor de territorio que respalda la defensa de la recuperación de los cenotes X’kekén y Samulá.
La movilización, que recorrerá las principales vialidades del centro de Mérida, surge como respuesta inmediata a la detención de Góngora Pat, tesorero de la comisaría de Dzitnup, ocurrida en el Aeropuerto de Mérida, cuando fue a recoger al comisario Municipal y dos miembros del Consejo Indígena de Dzitnup, quienes regresaban de Ciudad de México tras participar en una delegación de órganos de autogobierno maya.
Esa delegación se reunió con el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Fiscal Especial para asuntos indígenas de la Fiscalía General de la República (FGR), y diversos funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria, y con organizaciones de derechos humanos y ambientalistas.
Los motivos de la protesta
Más allá de la detención de Góngora Pat, los colectivos de Ixil, Kinchil, Molas, Santa María Chí y Sisal denunciaron una serie de abusos sistemáticos que buscan frenar la lucha indígena por la tierra Y calificaron como una estrategia de hostigamiento estatal la detención del activista.
Señalaron violación a los Derechos Humanos del detenido, ya que no se le leyeron sus derechos en lengua maya y fue sometido a maltrato físico.
La lucha legal, sostienen, busca revertir el decreto de 2006 que entregó cenotes comunitarios a la iniciativa privada.
Aseguraron que la Fiscalía y el Gobierno estatal mantienen una campaña de difamación y acoso digital contra quienes alzan la voz.
“Esta marcha es para decirle al Estado que no nos van a callar con patrullas ni con expedientes fabricados”, acentuaron los organizadores, quienes ya interpusieron el amparo 646/2026 para deslindar responsabilidades por los abusos policiales.
