Por Staff
CIUDAD DE MÉXICO, a 04 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de la República cerró uno de sus procesos de contratación más delicados con la adjudicación millonaria del arrendamiento vehicular a Casanova Rent Volks, una empresa con antecedentes de sanciones administrativas y señalamientos por sobreprecios y presunta corrupción, pero que volvió a colocarse entre las principales proveedoras del gobierno federal.
El fallo, emitido en enero, otorgó a la arrendadora dos partidas del contrato para la renta de vehículos oficiales de la FGR, con un monto máximo estimado de 154.7 millones de pesos, dentro de un esquema que contempla la incorporación de más de 2 mil 500 unidades para uso institucional durante el periodo 2026–2029.
La decisión se produce tras un procedimiento accidentado, marcado por licitaciones fallidas, suspensiones y la salida de funcionarios clave del Órgano Interno de Control, en medio de denuncias por intentos de manipulación del proceso. Pese a ese contexto, la FGR resolvió adjudicar el contrato a Jet Van Car Rental y Casanova Rent Volks, desechando otras propuestas por incumplimientos técnicos.
Un viejo conocido
Casanova no es un actor nuevo en el mercado gubernamental. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el grupo acumuló contratos federales por más de 6 mil 500 millones de pesos, posicionándose como uno de los mayores arrendadores del Estado. Sin embargo, en 2022 fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública por detectar sobreprecios en un contrato con el ISSSTE, sanción que quedó sin efectos en 2024 tras una serie de recursos legales.
El expediente del caso también se cruza con una investigación penal interna. La FGR indaga al ex titular del OIC, Arturo Serrano Meneses, por la presunta solicitud de un soborno de seis millones de pesos vinculado precisamente con contratos de arrendamiento vehicular, una indagatoria que incluye videograbaciones y comparecencias ante un juez federal.
A pesar de ese historial y de investigaciones previas en entidades como Sinaloa, donde Casanova fue señalada por presuntas triangulaciones en contratos municipales, la empresa fue considerada proveedora solvente en una de las adquisiciones más relevantes de la FGR para los próximos tres años.
