La propuesta presidencial para modernizar al sistema nacional electoral será remitida a la Cámara de Diputados hasta marzo, para su dictamen. Antes, las comisiones deberán discutir y sancionar la primera iniciativa ciudadana en la materia, que acreditó más de 188,000 suscriptores. Generados en los extremos opuestos, ambos proyectos coinciden en un propósito genérico: empoderar a los ciudadanos.
En espera del respaldo del PT y del PVEM, la iniciativa presidencial para acabar con la “hipertrofia burocrática en los órganos electorales” (Pablo Gómez dixit) no tendrá los votos de los partidos de oposición representados en el Congreso de la Unión. Tampoco ha concitado mucho ánimo entre académicos y organizaciones de la sociedad civil enfocadas a la promoción de la democracia y la preservación de la integridad electoral.
El INE tendrá, como tareas sustantivas, contar los votos y fiscalizar los recursos erogados tanto por partidos como por los candidatos. La regla para asignar las prerrogativas sufriría una modificación drástica, pues 50% tendrá que destinarse al gasto de campañas y el resto, para el gasto ordinario.
Este nuevo modelo “supone un nuevo y grave embate contra la democracia”, valoró la directiva de la organización que presentó la iniciativa ciudadana de reforma electoral. Su propósito —insistieron—es “retomar el camino, darle más poder a los ciudadanos y menos poder al gobierno”.
Ambos proyectos, empero, coinciden en dos propósitos: proscribir la injerencia de los meta poderes en los procesos electorales y castigar cualquier mecanismo de compra o coacción del voto.
Salvemos la Democracia y el PAN han sido enfáticos en su exigencia de conjurar el dinero del narco y el huachicol en las elecciones. Con igual denuedo se han manifestado contra la sobrerrepresentación y el chapulineo en los órganos legislativos.
El decálogo presentado por la Comisión Presidencial ha encaminado la discusión sobre las temáticas y los alcances de la reforma electoral en ciernes. Sin parlamento abierto, vendrá el debate en las comisiones y la votación en el Pleno.
La postura de Salvemos la Democracia ha sido pendenciera. “Mientras nosotros queremos un árbitro justo, la presidenta quiere debilitarlo”, machacó. “Casualmente, la iniciativa del gobierno olvidó prohibir el uso partidista de los programas sociales y castigar la compra del voto. Convenientemente, para Morena, se mantiene la sobrerrepresentación que tanto daño ha ocasionado y se elimina la representación proporcional en el Senado para que puedan contar con mayoría calificada”.
Efectos secundarios
¿INJERENCIAS? Los gobernadores no han querido quedar marginados en la definición del nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación. La mandataria de Veracruz, Rocío Nahle García, destapó a su contralor, Ramón Santos Navarro, mientras que la mexiquense Miroslava Carrillo Martínez, extitular del OSFEM hasta diciembre del 2024 y exdiputada federal morenista, también participa en el proceso de selección.
OBJECIONES. A través de su representante legal, la directiva de Concanaco-Servytur formuló nueve observaciones al texto “Disputas empresariales” publicado hace dos días en este mismo espacio. Para negar que haya una fractura a su interior, argumenta: “no existe acuerdo, resolución o acto institucional que acredite división o ruptura interna” y también aplican la misma lógica para refutar a quienes exigen transparencia y rendición de cuentas. Sobre su marginación del Consejo Coordinador Empresarial, apuntan que fue su decisión “poner en pausa” su vínculo con el organismo cúpula del sector. Del nombramiento del expresidente de la confederación, Héctor Tejeda, como tesorero precisan que es “como apoyo y fortalecimiento del área, sin sustituir ni desplazar a quienes ya integraban al Comité Ejecutivo Nacional”.
