Por Cristell Lozada
MÉRIDA, YUC, 21 de enero de 2026.- Al menos 15 bancos de materiales operan actualmente de manera irregular en Yucatán, informó Guillermo Porras Quevedo, titular de la representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el estado, al advertir que estas actividades generan impactos ambientales y derivarán en consecuencias administrativas y legales.
El funcionario explicó que las irregularidades detectadas están relacionadas principalmente con cambios de uso de suelo no autorizados, permisos vencidos y el incumplimiento de condicionantes ambientales establecidas en la normativa vigente, lo que mantiene a estos bancos de materiales en una situación fuera de la ley.
Porras Quevedo detalló que la autorización para la operación de este tipo de bancos depende de diversos factores, como la superficie intervenida, la densidad de extracción, el tipo de suelo y la profundidad de los trabajos. Precisó que cuando las actividades alcanzan el manto freático, la competencia corresponde directamente a la SEMARNAT, mientras que en otros casos intervienen instancias estatales.
Permisos y afectaciones
Uno de los principales problemas identificados es que algunos bancos cuentan con permisos parciales, pero carecen del uso de suelo autorizado, lo que genera una cadena de irregularidades que impactan directamente al medio ambiente, particularmente en la degradación del suelo en distintas regiones del estado.
El representante federal señaló que estas prácticas han provocado afectaciones visibles en diversas zonas de Yucatán, algunas de ellas con mayor exposición mediática tras incidentes recientes relacionados con actividades de extracción, incluidas detonaciones que han generado molestias y riesgos en áreas cercanas a zonas habitadas.
Indicó que no todos los casos presentan el mismo nivel de incumplimiento, ya que algunos responsables de bancos de materiales han iniciado procesos de regularización de manera voluntaria ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), aprovechando los mecanismos actualmente disponibles para ponerse al día con la normatividad.
Finalmente, Porras Quevedo subrayó que, además de las sanciones que correspondan, será necesario implementar esquemas de remediación y compensación ambiental para mitigar los daños ocasionados, al reiterar que la falta de regularización mantendrá a estos bancos en una condición negativa con consecuencias inevitables.
