México, a 23 de diciembre de 2025.- Sales Up S.A. de C.V., empresa constituida en 2018, busca posicionarse como posible proveedora de vehículos de carga y flotillas para dependencias del gobierno federal, de acuerdo con fuentes internas, pese a contar con una limitada trayectoria documentada en contrataciones públicas.
La compañía fue señalada como una de las proveedoras involucradas en el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) en 2020, cuando recibió una adjudicación directa para el suministro de insumos durante ese año.
De acuerdo con el Registro Público de Comercio, la sociedad tiene como accionistas a Gaer Zamora Alonso y Diana Madrigal Flores, mientras que Hugo Barrera Morales figura como administrador único. Fuera de estos datos, no existe información pública disponible que detalle la experiencia previa de sus socios ni una operación empresarial visible, como página web o canales institucionales.

Un solo contrato público documentado
En la plataforma Compras MX, Sales Up registra únicamente un contrato público. En 2020 obtuvo una adjudicación directa por 2.03 millones de pesos para el suministro de 500 termómetros infrarrojos a Segalmex. El contrato fue firmado por René Gavira, entonces apoderado legal de la paraestatal.
Gavira se encuentra actualmente en prisión, acusado por autoridades federales de presuntamente participar en una red de desvío de recursos dentro de Segalmex. Revisiones a registros de contratación federal, estatal y municipal no muestran otros convenios celebrados por Sales Up con entes públicos.
Pese a ello, fuentes internas indican que la empresa busca ampliar su presencia en el sector público hacia 2026, ahora en el rubro de vehículos de carga y flotillas. Hasta el momento, no hay información pública que acredite experiencia previa de Sales Up en el sector automotriz, bienes de capital o logística vehicular.
El contrato otorgado en 2020 se enmarca en las irregularidades documentadas por la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República en Segalmex, donde se detectaron desvíos de recursos mediante esquemas de adjudicación directa y facturación irregular.















