Diego Fernández de Cevallos y Francisco Labastida Ochoa fueron candidatos presidenciales. El primero, en 1994, por el PAN. El segundo, seis años después, por el PRI. Ambos perdieron y con ello se convirtieron en símbolos de tiempos añejos de la política mexicana, cuando las concertacesiones forjaron lo que después Andrés Manuel López Obrador llamó el PRIAN.
Protagonistas secundarios de la alternancia, el Jefe Diego y el exgobernador de Sinaloa formaron parte del aparato que en su momento obstaculizó el ascenso de la izquierda partidista al poder —López Obrador fue su objetivo central— y que construyó las instituciones que comenzaron a ser desmontadas a partir del 2018.
Ambos comparten con Manlio Fabio Beltrones su desapego actual a las cúpulas partidistas. El sonorense, empero, es el único que actualmente detenta una posición legislativa: ocupa un escaño —independiente, tras de su ruptura con Alito Moreno— en el Senado de la República y apenas la semana pasada anunció que presentaría una iniciativa de ley para fortalecer al sistema electoral vigente.
Hace 30 años, Fernández de Cevallos, Labastida Ochoa y Beltrones Rivera era figuras sobresalientes del aparato político. En 1996 se pactó la reforma política electoral que ciudadanizó al INE y conformó la integración del Congreso de la Unión, tal y como ahora lo conocemos.
Con esas mismas reglas —y las subsecuentes, producto de la reforma electoral del 2014, pactada por el PRI y el PAN—, la alianza encabezada por Morena ha logrado ganar la Presidencia de la República y construir una mayoría legislativa que ahora es tildada como inconstitucional por la oposición.
“Con el 54% de los votos (en el 2024) se le otorgó el 73% del total de diputados. Eso no debe volver a ocurrir”, plantearon los tres personajes, junto con Jorge Alcocer, en vísperas de que la presidenta Claudia Sheinbaum remita su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral.
Ambos excandidatos presidenciales y también exsenadores de la República ahora están a favor de una mejora en la representatividad de las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión a través de modificar la asignación de curules y escaños plurinominales: la sobrerrepresentación del 8% debe ser eliminada por completo —propusieron— para que ningún partido o coalición electoral obtenga más de 300 diputados y el Senado debe subsistir con 96 integrantes, electos mediante el sistema de 32 listas, con tres escaños por cada entidad federativa, que serían definidos por asignación directa.
Sus propuestas no tienen como destinatario al Ejecutivo federal, sino a los parlamentarios que deberán dictaminar y votar la iniciativa. Su llamado es a la apertura de canales de diálogo y la construcción de acuerdos.
“Es necesario escuchar a todas las voces a fin de mejorar la calidad de nuestra democracia”, insisten. Entre sus postulados están la defensa del servicio profesional electoral, la preservación del PREP, la reducción del financiamiento a los partidos y la permanencia del sistema de comunicación política.
Efectos secundarios
COSTOSO. Han pasado tres semanas de la detención del empresario quintanarroense Eduardo de Martín Albor, presunto responsable de fraude procesal. Atrapado por un conflicto que inició en abril del año pasado, el exrepresentante legal de Dolphin Discovery fue relevado de su cargo por un bloque mayoritario de accionistas de ese consorcio empresarial pero resistió la revocación y con el apoyo de elementos de seguridad de Quintana Roo desalojó a los enviados de los accionistas, que buscaban tomar posesión del inmueble que alberga la administración y al personal de la empresa. La gobernadora morenista Mara Lezama, antes de dedicarse a la política, trabajó en el grupo editorial de Albor y ahora batalla porque este escándalo no la afecte aún más.
Nota aclaratoria
En relación con la columna publicada en El Economista el 24 de febrero del 2026, titulada “Disputas Empresariales”, firmada por Alberto Aguirre, Concanaco Servytur hace las siguientes precisiones.
Es falso que Concanaco Servytur México viva una “fractura institucional sin precedentes”. A la fecha no existe acuerdo, resolución o acto institucional que acredite división o ruptura interna.
2. Es inexacto afirmar que la actual administración recibió un organismo con superávit plenamente documentado y un edificio totalmente remodelado y equipado. Las adecuaciones y mejoras a las instalaciones se realizaron durante la presente gestión.
3. Es falso que la confederación enfrente una “crisis de sostenibilidad”. Concanaco Servytur México mantiene operaciones ordinarias, actividades institucionales y cumplimiento de sus fines estatutarios.
4. Es incorrecto afirmar que exista un reclamo generalizado de cámaras confederadas por presunta falta de transparencia o privilegios indebidos. No existe acuerdo ni pronunciamiento institucional que sustente dicha afirmación.
5. Es falso que se hayan dictado suspensiones o medidas cautelares por autoridad judicial federal que afecten, invaliden o cuestionen la legalidad de la elección del presidente de Concanaco Servytur México.
6. Es inexacto presentar la existencia de procedimientos legales como consecuencia de exigir rendición de cuentas. Los procedimientos referidos corresponden a controversias individuales y no derivan del ejercicio legítimo de derechos institucionales.
7. Es incorrecto afirmar que la Confederación se encuentre aislada de la representación empresarial nacional. La decisión de poner en pausa la relación con el Consejo Coordinador Empresarial fue adoptada por Concanaco Servytur México, mediante acuerdo de nuestro consejo directivo nacional de Concanaco Servytur México y ratificado por su asamblea, como determinación institucional propia.
8. Es falso que Concanaco Servytur México haya perdido relevancia institucional. La Confederación continúa ejerciendo sus funciones legales como organismo de colaboración y consulta con autoridades.
9. Es inexacto afirmar que los ajustes realizados en el Comité Ejecutivo Nacional impliquen una sustitución de su estructura o deriven de una crisis administrativa o financiera. La integración del Comité Ejecutivo Nacional se mantiene, sin destituciones ni remociones. Los ajustes efectuados correspondieron exclusivamente a reacomodos funcionales y a un reforzamiento operativo, acordados por los órganos colegiados competentes, conforme a la normatividad aplicable, en los siguientes términos:
- Las personas que integraban el Comité Ejecutivo Nacional se mantienen en funciones.
- La tesorera, Rosa Elena García Hidalgo, pasó a desempeñar el cargo de protesorera.
- La protesorera, María Alejandra Carrasco Rendón fue designada como vicepresidenta nacional.
- La secretaria general, Miriam Sauza Colín y la prosecretaria, Gina lvethe Villalobos González, permanecen, sin modificación, en sus respectivos cargos.
- El Consejo Directivo Nacional acordó reforzar el área de Tesorería, incorporándose Héctor Tejada como apoyo y fortalecimiento del área, sin sustituir ni desplazar a quienes ya integraban el Comité Ejecutivo Nacional.
- Derivado de dicho acuerdo, el equipo de Tesorería fue ampliado, manteniéndose íntegra la estructura orgánica. Las funciones, atribuciones y responsabilidades del Comité Ejecutivo Nacional y de cada uno de sus integrantes se encuentran expresamente previstas en la ley y en los estatutos que rigen a la Confederación, y continúan ejerciéndose conforme a dichos ordenamientos.
