Por Cristell Lozada
MÉRIDA, Yuc, a 11 de marzo de 2026.- El Congreso del estado, aprobó por unanimidad modificaciones al Código Penal de Yucatán con el objetivo de fortalecer la protección a víctimas de incumplimiento de la obligación de asistencia familiar, especialmente en casos relacionados con el pago de pensión alimentaria.
La reforma establece que, al resolverse estos casos, la reparación del daño deberá contemplar no sólo el pago de los alimentos vencidos, sino también los gastos derivados de deudas, asesoría jurídica particular y cualquier otro costo que las víctimas hayan tenido que asumir para garantizar la manutención de niñas, niños y adolescentes.
Además, se determinó que la acción penal no podrá extinguirse hasta que exista certeza, por parte de la representación social o de la autoridad judicial, de que se ha cubierto la reparación integral del daño económico ocasionado por el incumplimiento de la obligación.
El diputado Wilmer Monforte Marfil, impulsor de la iniciativa, señaló que la reforma busca fortalecer el derecho de la niñez a recibir alimentos y garantizar que las madres puedan acceder a una justicia efectiva cuando enfrentan procesos legales para exigir el cumplimiento de esta responsabilidad.
Durante la sesión, el diputado Gaspar Quintal Parra manifestó su respaldo al dictamen al considerar que la modificación fortalece el marco jurídico estatal para asegurar que las obligaciones de asistencia familiar se cumplan de manera efectiva.
En la misma jornada legislativa también se aprobaron reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incorporar principios como libertad económica, interseccionalidad, interculturalidad, enfoque diferencial y debida diligencia, con el propósito de ampliar la protección y atención integral a las mujeres víctimas de violencia.
Asimismo, el pleno avaló cambios a la Ley de Salud, la Ley de Educación y la Ley de Nutrición y Combate a la Obesidad para prohibir la venta, distribución y publicidad de alimentos ultraprocesados en escuelas, medida con la que se busca promover una alimentación más saludable entre la población estudiantil y fomentar el consumo de productos locales.
