Por Cristell Lozada
MÉRIDA, Yuc., a 1 de abril de 2026.— El Gobierno del Estado informó que la indemnización derivada de la expropiación de tierras ejidales en la comisaría de Sierra Papacal fue cubierta desde 1993, por lo que las manifestaciones registradas recientemente en la zona, aseguró, carecen de sustento frente a la evidencia documental y jurídica existente.
De acuerdo con los antecedentes oficiales, el procedimiento comenzó en 1990, cuando se solicitó la expropiación de más de 231 hectáreas de tierras ejidales para destinarlas a infraestructura estratégica de agua potable. Posteriormente, en 1992, mediante resolución presidencial, se concretó la expropiación de 223-69-16 hectáreas por causa de utilidad pública.
Según la versión oficial, el objetivo de esta medida fue fortalecer el sistema de captación que abastece de agua potable a puertos como Chuburná y Chelem, por lo que el tema, además de su dimensión agraria, está vinculado con la operación de servicios esenciales para la población.
Monto y pago de la indemnización
La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales determinó el monto de la indemnización con base en el valor comercial del terreno, fijando un precio de un millón 600 mil pesos por hectárea. Con ello, se estableció un pago total superior a 357 millones de pesos, el cual, de acuerdo con registros del Fondo de Fomento para la Infraestructura Agraria, fue entregado en 1993 a los ejidatarios correspondientes.
Las autoridades estatales señalaron que existen registros de al menos 128 ejidatarios que recibieron dicha indemnización y que continúan vigentes en el padrón ejidal, lo que, afirmaron, respalda la legalidad del proceso. Añadieron que también se han abierto espacios de diálogo con la comunidad mediante reuniones realizadas tanto en Palacio de Gobierno como en el propio ejido.
Impacto social y postura oficial
El Gobierno del Estado subrayó que este asunto no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también un impacto directo en la estabilidad social y en la continuidad del suministro de agua potable, del que dependen miles de familias en la región. En ese sentido, reiteró su compromiso con el respeto al marco legal, el diálogo permanente y la protección del interés colectivo, a fin de evitar acciones que afecten el bienestar de la población.
