Por Cristell Lozada
MÉRIDA, Yuc, a 21 de abril de 2026.- La deforestación ilegal dentro de la Reserva Ecológica Cuxtal ya tiene consecuencias legales. Dos personas fueron vinculadas a proceso por daños ambientales tras afectar una de las principales áreas protegidas de Mérida, luego de que hechos detectados desde julio de 2025 derivaran en un proceso judicial.
De acuerdo con la información oficial, el caso podría alcanzar hasta ocho años de prisión. Además, las autoridades establecieron que los responsables deberán financiar y ejecutar la restauración total del ecosistema dañado como parte de la reparación del daño.
El proceso también pone en evidencia el costo real —tanto económico como ambiental— de intervenir de manera ilegal en zonas clave para el equilibrio ecológico y la calidad de vida en la ciudad.
De acuerdo con autoridades ambientales y judiciales, las actividades ilegales fueron detectadas al interior de esta reserva, considerada un pulmón verde fundamental para la capital yucateca, lo que encendió las alertas por el impacto directo en la biodiversidad y en los servicios ambientales que brinda a la población.
Restauración obligatoria del ecosistema dañado
Tras la denuncia interpuesta por la propia administración de la reserva ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán, el caso avanzó hasta su judicialización, logrando que un juez dictara auto de vinculación a proceso durante una audiencia celebrada en el Centro de Juicios Orales de Mérida.
Como parte de las medidas impuestas, la autoridad judicial autorizó la suspensión condicional del proceso, condicionada a la ejecución de un Plan de Reparación del Daño, el cual obliga a los imputados a restaurar el área afectada hasta llevarla a sus condiciones originales, cubriendo los costos de un programa de restauración forestal supervisado.
Este plan también contempla restricciones claras, como la prohibición de realizar cualquier tipo de actividad en la zona intervenida, con el objetivo de evitar nuevas afectaciones mientras se recupera el ecosistema.
Las autoridades advirtieron que el incumplimiento de estas condiciones podría reactivar el proceso penal en su contra, exponiendo a los involucrados a sanciones más severas, que incluyen penas de prisión.
Tanto el Ayuntamiento de Mérida como la administración de la reserva reiteraron el llamado a la ciudadanía a respetar las disposiciones ambientales vigentes y a informarse sobre las actividades permitidas dentro de esta área natural protegida, subrayando que su conservación es clave para garantizar el equilibrio ecológico y la calidad de vida de las y los habitantes de la ciudad.
