MÉRIDA, Yuc., a 15 de abril de 2026.– Nuevos cuestionamientos han surgido en torno a la administración municipal encabezada por Cecilia Patrón Laviada, luego de que actores del sector industrial advirtieran posibles anomalías en procesos de contratación pública, lo que ha generado un clima de incertidumbre sobre la transparencia en el Ayuntamiento de Mérida.
De acuerdo con versiones dentro del sector, se presume que un círculo financiero cercano a la alcaldesa estaría influyendo en licitaciones estratégicas con fines de obtención de recursos políticos, en un contexto marcado por escenarios de continuidad en el poder municipal.
Se perfilan acciones legales
En paralelo, trascendió que podrían presentarse denuncias formales por presuntas irregularidades administrativas, al existir elementos que, según los inconformes, podrían encuadrarse en conductas sancionables vinculadas a corrupción.
El foco principal de la controversia es la licitación LP-2026-ADQ-LUMINARIOS LED-01, mediante la cual el Ayuntamiento busca renovar el sistema de alumbrado público con la instalación de 25 mil luminarias LED, proyecto que ha sido cuestionado por diversos participantes del mercado.
Empresarios denuncian barreras técnicas
Fabricantes y distribuidores del ramo eléctrico señalaron que las bases del proceso incluyen condiciones técnicas restrictivas, alineadas —según denunciaron— con especificaciones de un proveedor en particular, lo que limita la competencia y vulnera los principios establecidos en la normativa de adquisiciones.
Otro de los puntos críticos es el plazo estipulado para la ejecución del contrato, que contempla la entrega total en 10 días hábiles, lo que, advirtieron, resulta inviable para la mayoría de las empresas, salvo en escenarios donde exista ventaja anticipada, lo que abre cuestionamientos sobre la equidad del proceso.
Los inconformes recordaron que en ejercicios previos se habrían detectado adquisiciones con niveles de eficiencia por debajo de estándares del mercado, lo que refuerza la preocupación sobre la calidad de los equipos. Ante ello, solicitaron la intervención del Cabildo de Mérida para auditar el procedimiento, y advirtieron que, de confirmarse irregularidades, podrían configurarse faltas administrativas o delitos.
