Por Cristell Lozada
MÉRIDA, Yuc, a 14 de marzo de 2026 .— A 23 años de la promulgación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, especialistas, legisladores y representantes de instituciones públicas participaron en un conversatorio en el Congreso del Estado de Yucatán para analizar los avances y retos en la protección e impulso de la lengua maya.
El encuentro, titulado “Derechos lingüísticos de los pueblos indígenas: memoria, vigencia y futuro a 23 años de la Ley”, fue organizado por la diputada de Morena, Neyda Aracelly Pat Dzul, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Legislativas y la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán.
Durante la apertura del conversatorio, la legisladora destacó que hablar de derechos lingüísticos en Yucatán implica reconocer a la lengua maya como memoria viva, identidad y parte fundamental de la dignidad de los pueblos originarios. Señaló que, a más de dos décadas de la ley, es necesario evaluar qué avances se han logrado y qué acciones faltan para que estos derechos se ejerzan plenamente en la vida cotidiana.
Por su parte, la titular de SEDECULTA, Patricia Martín Briceño, subrayó que la lengua maya ocupa un lugar central dentro del proyecto estatal Renacimiento Maya, al señalar que no debe verse únicamente como patrimonio cultural, sino como una lengua viva con presencia real en espacios institucionales, educativos y culturales.
El conversatorio fue moderado por el investigador Fidencio Briceño Chel, quien advirtió que, pese a los avances legales, persiste una disminución en el número de hablantes, por lo que consideró necesario traducir los derechos reconocidos en políticas públicas efectivas.
En el panel también participaron la directora ejecutiva del colectivo U péekbal waye’, Yazmín Novelo Montejo; el responsable del programa de Pueblos Originarios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Ramón Humberto Chan Briceño; y el representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Freddy Humberto Poot Sosa.
Durante las intervenciones se destacó que uno de los avances más importantes de la ley ha sido el reconocimiento de las lenguas indígenas como lenguas nacionales con la misma validez que el español, lo que ha permitido impulsar instituciones, procesos de normalización lingüística y una mayor visibilidad pública del tema.
Sin embargo, los participantes coincidieron en que persisten retos importantes, como la falta de intérpretes suficientes en ámbitos clave como la justicia y la salud, así como la necesidad de fortalecer su formación y mejorar sus condiciones laborales.
Asimismo, señalaron que es necesario reforzar la enseñanza de la lengua maya, ampliar su presencia en documentos oficiales, señalética, campañas y espacios digitales, además de promover políticas públicas transversales que involucren a todas las instituciones.
Finalmente, los panelistas coincidieron en que la protección de la lengua maya no sólo es un tema cultural, sino también de derechos humanos, justicia social y reconocimiento de los pueblos originarios.
