Por Staff
TIJUANA, Baja California, a 18 de septiembre de 2026.— Diversos expedientes judiciales han puesto bajo escrutinio las resoluciones de la jueza Cristina Martínez Aguilar, titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Baja California, debido a los efectos que algunas suspensiones tuvieron sobre medidas cautelares en procesos por homicidio calificado y secuestro, de acuerdo con una investigación de Animal Político.
Uno de los casos documentados corresponde al amparo 792/2026-IV, promovido por una persona procesada por homicidio calificado. La jueza concedió una suspensión definitiva el 21 de agosto, después de que el acusado había sido sujeto a prisión preventiva. Posteriormente se promovió un segundo amparo, identificado como 852/2026-VIII, relacionado con una nueva resolución sobre la medida cautelar.
Según la documentación revisada por el medio, el caso derivó finalmente en la modificación de la prisión preventiva, lo que permitió que el imputado continuara su proceso en libertad. Para el 4 de septiembre, cuando se celebró una audiencia relacionada con el segundo incidente, la prisión preventiva ya había sido retirada y el juzgado determinó que ese procedimiento había quedado sin materia.
Los cuestionamientos no se limitan a ese expediente. Animal Político identificó otros procedimientos tramitados ante el mismo juzgado, entre ellos los incidentes 517/2026-VII, 530/2025-VII y 153/2026-V, vinculados con investigaciones por homicidio calificado. Uno de estos casos incluso llegó al debate público luego de que la madre de una víctima expusiera su situación ante la presidenta Claudia Sheinbaum durante una conferencia.
Otro de los asuntos corresponde al amparo 846/2026-I, relacionado con una causa penal por secuestro. En este procedimiento, la representación ministerial interpuso un recurso de queja contra la determinación federal, al considerar que sus efectos incidían en la medida cautelar establecida dentro del proceso penal.
Decisiones que abren dudas
Abogados locales también han planteado dudas sobre la participación de terceros interesados en algunos juicios de amparo. De acuerdo con sus señalamientos, en determinados procedimientos podrían no haber intervenido todas las partes con interés jurídico en las consecuencias de las suspensiones, incluidos representantes de víctimas y autoridades ministeriales. También circulan señalamientos sobre supuestos intermediarios vinculados con personal del juzgado; sin embargo, estas acusaciones no han sido acreditadas y cualquier eventual queja deberá ser analizada por las autoridades competentes.
La investigación también expone diferencias en algunos documentos judiciales respecto de las autoridades que intervinieron en distintas etapas de uno de los procesos, así como cambios registrados en la medida cautelar. Estos elementos han alimentado las dudas planteadas por abogados, aunque la existencia de suspensiones o modificaciones de medidas cautelares no demuestra por sí misma una irregularidad. Los expedientes y las posibles quejas permanecen sujetos a las vías judiciales y administrativas correspondientes.
