MONTERREY, NL., a 21 de julio de 2026.- La suspensión del servicio de la Ruta 322, una de las pocas líneas de transporte urbano que aún acepta pago en efectivo y enlaza diversas colonias de San Nicolás con el centro de Monterrey, provocó protestas de usuarios y colocó en el centro de la discusión la política de inspección aplicada por el Gobierno de Nuevo León.
La interrupción del servicio ocurrió después de que operadores de la empresa denunciaron una serie de revisiones realizadas por inspectores del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, durante las cuales se impusieron sanciones y dos unidades fueron retiradas de circulación.
De acuerdo con los transportistas, estas acciones forman parte de un proceso de supervisión que, aseguran, busca presionar a la empresa para incorporarse al esquema de las nuevas unidades de transporte conocidas como “camiones verdes”, una propuesta que la concesionaria afirma haber rechazado al considerar que modificaría su modelo de operación.
Usuarios salen a defender la ruta
La suspensión dejó sin servicio a miles de pasajeros, situación que derivó en una manifestación en las inmediaciones de la base de la Ruta 322, donde vecinos bloquearon la circulación para exigir la reanudación del recorrido.
Los inconformes señalaron que esta ruta resulta fundamental para trabajadores, estudiantes y personas adultas mayores, ya que continúa aceptando efectivo y comienza operaciones desde las primeras horas de la madrugada, cuando otras alternativas de transporte aún no están disponibles.
Entre los testimonios de los manifestantes, vecinos señalaron que ninguna otra ruta cubre sus necesidades de horario, especialmente para quienes deben trasladarse antes de las seis de la mañana hacia sus centros de trabajo.
Por su parte, operadores manifestaron preocupación por la frecuencia de las inspecciones y el impacto que tienen sobre el servicio, al considerar que cualquier observación puede derivar en multas o en la salida de circulación de unidades.
Gobierno implementa servicio provisional
Ante la suspensión, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad informó que desplegaría unidades del sistema estatal de transporte para atender temporalmente la demanda mientras continúan las gestiones para resolver el conflicto.
No obstante, la medida no logró disminuir el descontento entre los usuarios, quienes insistieron en que el objetivo principal debe ser garantizar la permanencia de una ruta que, según señalaron, ha prestado servicio durante más de 30 años.
El caso también volvió a colocar sobre la mesa el debate en torno a las acciones regulatorias impulsadas por la administración estatal. En meses recientes, organismos empresariales y diversos sectores productivos han expresado inquietud por el incremento de inspecciones y procedimientos administrativos en distintos ámbitos, entre ellos movilidad y medio ambiente.
Hasta el momento, la Ruta 322 seguía sin operar de manera regular, mientras representantes de la empresa y autoridades estatales mantenían conversaciones para buscar el restablecimiento del servicio.
