Complejo, el arranque de agosto en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Las semanas previas habían transcurrido con prisa en la sede central de organismo, por el vencimiento del plazo para el registro de números celulares con líneas activadas y la apertura de la consulta pública sobre los nuevos lineamientos para proteger los derechos de las audiencias.
En vísperas del periodo vacacional, en la torre de esa dependencia, adscrita a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, sus comisionados desahogan su agenda y las áreas de atención al público brindan servicio a los usuarios y concesionarios. Hace una semana, empero, trabajadores y visitantes no pudieron ingresar al estacionamiento.
Y es que —quedaría más confirmado al mediodía del martes 28 de julio— Alexa Giovanna Fernández González, falleció en el noveno piso del inmueble, tras de sufrir una crisis cardiaca. Antes de las 9:00 horas hubo llamados a los servicios de emergencias médicas y posteriormente, a las autoridades ministeriales.
Tras de lo ocurrido, los compañeros de la joven recurrieron a las redes sociales para despedirse de ella y la presidenta comisionada, Norma Solano, le expresó personalmente sus condolencias a su madre, también trabajadora de la institución.
También por vía electrónica, hubo quejas por el presunto maltrato laboral y las sobre cargas laborales a las que el personal de estructura y de confianza de la Comisión —instancia que sustituyó al extinto IFT— ha sido sometido, durante sus primeros 11 meses de operación.
“El tema además de la desgracia sucedida, son los horarios extenuantes en esa comisión, sin descanso los fines de semana, sin vacaciones y trabajando horas extra sin el pago correspondiente”, dice un mensaje que circuló por correo electrónico.
Estos señalamientos han sido recurrentes. Hace cuatro meses, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ingresó una solicitud de información —folio 343295700016926— para requerir el “documento que justifique las razones por las que ese sujeto obligado hace trabajar a sus empleados (incluso) en los días inhábiles, en los términos de las disposiciones laborales y si esos días se pagan, en su caso, al doble o triple según la ley (sic)”.
Otra solicitud de información requería: “Que la CRT justifique fundada y motivadamente las razones por las que sus empleados, salvo sus comisionados, trabajan más de 60 horas semanas y en ocasiones los fines de semana y si en su caso pagan horas extra”.
Las respuestas del Comité de Transparencia, que encabeza el secretario ejecutivo de la institución, Enrique Pavón Baños, fue tajante: “se advierte que las manifestaciones vertidas por el solicitante constituyen meras apreciaciones de carácter subjetivo, por lo que no se puede considerar la presente como una solicitud, sino como una consulta basada en apreciaciones subjetivas”.
“No se localizó la expresión documental o registro que dé cuenta a lo solicitado, por lo que se informa la inexistencia de lo requerido”, decretó, “no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información”.
Pavón Baños y el exdirector ejecutivo, Narciso Medina, han sido responsabilizados de los maltratos laborales y otros excesos administrativos. A raíz del deceso de Alexa Giovanna, dentro de la Comisión se han escuchado voces que —en distintos tonos— insisten en priorizar la seguridad de la plantilla laboral y reconocer la necesidad de mantener un entorno de trabajo sano.
