Un problema histórico —las llamadas “boletas planchadas”— se ha convertido en una acusación coyuntural contra los consejeros del INE, que ayer debieron sesionar para atender la sentencia de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que ordenó invalidar las papeletas que sin arrugas y dobleces lleguen a las urnas, a partir de las próximas elecciones federales.
La consejera Frida Gómez fue quien propuso que las boletas sin doblez fueran válidas. No obstante la sentencia, todavía sostuvo su argumento: “mi postura jurídica no se reducía a demostrar físicamente cómo introducir una boleta en una urna”, dijo en alusión directa al magistrado Felipe de la Mata Pizaña. “Esta propuesta se dio precisamente por la omisión de legislar en el tema”.
Omisión que atribuyó a los partidos políticos “y representan una deuda directa con la ciudadanía” había definido. “Esa deuda no puede pagarse con el descrédito, la intimidación o la persecución de las autoridades electorales… no podemos vivir con atavismos, pensando en si las decisiones que sean revisadas por el tribunal perjudican o no al INE”.
La consejera Gómez recibió el respaldo de un bloque de consejeros y una reticencia —que rozaba la censura— de sus colegas Carla Humphrey, Rita López Vences, Martín Faz y Arturo Castillo, misma que no pasó desapercibida para la presidenta consejera, Guadalupe Taddei.
La sesión extraordinaria comenzó dos horas después de lo originalmente programado. El último de los cinco puntos de la orden del día fue enlistado justamente a petición de Humphrey Jordan, Castillo Loza y Faz Mora. Era un proyecto de Acuerdo con los lineamientos generales para regular y fiscalizar los procesos políticos relacionados con los procesos electorales federal y locales concurrentes 2026-2027, cuya primera propuesta —hace cuatro meses y medio— abrió una zanja en la herradura de la democracia que ahora mismo parece insalvable.
Aquella vez, la propuesta elaborada por el consejero Castillo fue votada en contra, por ocho votos contra tres. Y su colega Jorge Montaño retiró la suya, con la promesa de elaborar un nuevo proyecto que tomara en cuenta las distintas posturas expresadas en el debate.
El bloque minoritario decidió no esperar más. Y antes de someter a la votación del Pleno su propuesta, la consejera Taddei tomó la palabra, para razonar su voto en contra y expresarse sobre las —cada vez más visibles— divergencias en el Pleno del INE.
“El documento de hoy incorpora ajustes en procesos locales, protección de datos, fiscalización e Inteligencia Artificial. Los reconozco. Sin embargo, mantiene el mismo propósito central: establecer un régimen especial de obligaciones y controles para los llamados procesos políticos”, observó, para después cuestionar: “¿Qué cambió sustancialmente respecto de mayo y qué atribuciones vigentes resultan insuficientes para atender las conductas que se pretende regular?”.
“El derecho a disentir no desaparece bajo ninguna circunstancia. Lo que sí debe preocuparnos es que algunas diferencias se trasladen al espacio público mediante afirmaciones de que el INE dejó de cumplir sus funciones, perdió capacidad para vigilar o pone en riesgo la confianza en las elecciones que organiza. Con respeto a quienes sostienen esas posiciones, no las comparto”, reprochó Taddei Zavala. “Cuando el cuestionamiento proviene de quienes integramos este Consejo, puede terminar coincidiendo con narrativas de actores políticos que buscan poner en duda la credibilidad de la autoridad electoral”.
“Podemos debatir con toda firmeza una decisión, pero no convertir cada desacuerdo en una acusación de incapacidad institucional”, emplazó, “fuimos designadas y designados consejeros electorales para conducir los trabajos técnicos y garantizar el cumplimiento de la ley. Renunciar a esa responsabilidad para llevar nuestras diferencias al terreno de la descalificación, o al terreno mediático para ganar popularidad, no fortalece el discurso institucional; en cambio, puede alimentar el discurso político que cada actor decide asumir”.
