MÉRIDA, Yuc., a 25 de agosto de 2026.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó la campaña “Los monos no son mascotas”, con la cual busca prevenir la compra y posesión de primates, además de exponer las consecuencias del tráfico ilegal. La dependencia llamó a la ciudadanía a no adquirir, extraer, regalar ni mantener estos animales en viviendas.
México alberga al mono araña, el mono aullador negro y el mono aullador de manto, tres especies consideradas en peligro de extinción por la NOM-059-SEMARNAT-2010. Sus poblaciones se distribuyen principalmente en las selvas de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Oaxaca, donde contribuyen a dispersar semillas y conservar el equilibrio ecológico.
La captura comienza con la muerte
Para obtener a las crías, los traficantes suelen disparar contra las madres mientras cargan a sus bebés. Algunos ejemplares jóvenes mueren al caer desde los árboles, quedar aplastados o soportar condiciones extremas durante su traslado. De acuerdo con la Profepa, por cada mono comercializado como mascota, al menos otros tres fueron asesinados.
Las crías capturadas permanecen amontonadas o atadas y pueden ser transportadas dentro de cajas de plástico y maletas con orificios. El hacinamiento, el hambre, la deshidratación y el mal manejo les provocan heridas, fracturas, infecciones y desnutrición. Muchos ejemplares no sobreviven a esta etapa.
El cautiverio causa sufrimiento
Los primates que llegan a los hogares pierden el contacto con su grupo y enfrentan una vida de aislamiento. El miedo y la falta de estímulos pueden causar conductas como gritos constantes, mordidas o el arranque del propio pelo. La Profepa también advirtió que estos animales conservan su naturaleza silvestre y pueden resultar difíciles de manejar cuando alcanzan la edad adulta.
Las labores de inspección permitieron asegurar 137 primates entre 2019 y 2026, entre ellos 96 monos araña, 24 monos saraguato y 17 monos aulladores. La comercialización de estos animales está prohibida y constituye un delito que puede recibir penas de uno a nueve años de prisión. La Profepa recordó que el negocio ilegal depende de quienes compran: si desaparece la demanda, también se debilita la cadena de captura, maltrato y muerte.
