Sinaloa bordeaba la inconstitucionalidad, por la irresponsabilidad de los morenistas, tanto de los atrincherados en los poderes locales, como los que atizaban la crisis desde Palacio Nacional.
Los diputados del Congreso local esperaron a la Mañanera del Pueblo para colocar sus fichas, en el tablero de la forzada sucesión de Rubén Rocha Moya. La postura de la presidenta Claudia Sheinbaum quedó patente: el político de Badiraguato no debe regresar al Palacio de Gobierno, aunque su licencia sea “indefinida (aunque) por más de 30 días)” y el líder de la mayoría morenista definiera –en contra del texto constitucional—que el Pleno de la LXV Legislatura conocería un dictamen de la Comisión de Gobernación, para designar a un nuevo gobernador interino.
El ultimátum generado en el Salón Tesorería atenta contra el Federalismo, pero fue tan categórico como inocuo. El Pleno de los diputados sinaloenses ni siquiera abrió el periodo extraordinario de sesiones que se extenderá “el tiempo que sea necesario”, hasta resolver quien ocupará el despacho principal del Palacio de Gobierno.
Las imprudencias de la cúpula rochista se acumulan. La versión –apócrifa, porque intentó ser un gesto conciliador con Palacio Nacional—de que el ex secretario de Agricultura, Julio Berdegué, llegaría a Culiacán como gobernador sustituto fue rápidamente desautorizada. El empresario y consultor mazatleco fue tajante: ahora mismo cumple con una tarea específica en la revisión del capítulo agrícola del T-MEC y no ha recibido siquiera una llamada de la presidenta Sheinbaum con instrucciones distintas. Los rochistas, por descarte, quisieron consensuar una terna –con los diputados María Teresa Guerra y Eligio López Portillo como protagonistas— sin recibir aval de instancias superiores.
El descarte de Berdegué dio paso a otras versiones, sobre la disputa por la gubernatura. La inclusión del diputado federal Jesús Alfonso Ibarra Ramos, sin vínculos con el rochismo, acentuaría una intención centralista.
Tanto Guerra como Ibarra tienen fuero y se inscribieron en el proceso morenista para definir al coordinador estatal de los comités de defensa de la transformación, lo que necesariamente obliga a revisar el próximo escenario del conflicto morenista en Sinaloa.
“Es un hecho que Rocha tiene el control de las estructuras estatales y de los operadores políticos”, refieren dos ex funcionarios federales sinaloenses, pendientes de la evolución de los acontecimientos, “la estridencia poco ayuda y la Federación debe ser muy cuidadosa de no atropellar a la clase política local”.
Los rochistas, en stand by. Tras de la derrota del pasado fin de semana, no están dispuestos a ceder el interinato. Y menos, la candidatura del 2027, para la que se perfila la senadora con licencia Imelda Castro.
Efectos secundarios
METAMORFOSIS. Hace un año, CI Casa de Bolsa estaba sujeta a un embargo y medidas de conservación —confirmadas por tribunales locales y por un juez federal de distrito— que hacían casi imposible su traspaso. Aun así, se vendió mediante un poder para actos de dominio otorgado en la liquidación, se transformó en TRF Casa de Bolsa y tras del desembolso de 115 millones de pesos de Trafalgar Internacional —a un peso por acción—, diluyendo a Tenedora CI del 100% a la mitad. La operación fue sancionada por la Junta de Gobierno de la CNBV en sesión extraordinaria del 28 de abril de 2026. ¿El comprador? José Porfirio Sánchez Talavera Beiles, director general de Trafalgar y persona políticamente expuesta. Según un reporte presentado ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos el mes pasado, una sociedad de Delaware bajo su control tomó el pasado 29 de junio —mediante preferentes y cancelación de deuda— cerca del 96.62% del poder de voto The Greater Cannabis Company, Inc. con el objetivo de convertirla en una plataforma de servicios financieros y acelerar su expansión en Estados Unidos y América Latina. El consorcio quedará bajo la marca Trafalgar International en cuanto reciba la autorización del FINRA, pero mantendrá un perímetro legal y regulatorio independiente de las entidades mexicanas; por lo mismo, ningún activo, depósito, inversión o cuenta de sus clientes en México forma parte de la operación.
