Por Cristell Lozada
MÉRIDA, Yuc, a 25 de agosto de 2026.- La expansión de las granjas industriales de cerdos en Yucatán encendió una alerta internacional por los posibles impactos de sus desechos en el Acuífero Maya. Durante su visita a México en marzo de 2026, el Relator Especial de la ONU sobre sustancias y desechos peligrosos, Marcos Orellana, conoció de primera mano la problemática ambiental de la entidad y advirtió sobre los riesgos que enfrenta el agua subterránea ante el crecimiento de esta actividad.
En Yucatán existen actualmente más de 500 criaderos industriales de cerdos, con más de 50 mil animales, y su expansión durante la última década habría ocurrido de manera descontrolada, incluso cerca de tierras y territorios de pueblos indígenas. De acuerdo con los datos recopilados por el Relator, muchas de estas instalaciones carecerían de autorizaciones ambientales y habrían sido establecidas sin procesos adecuados de consulta a las comunidades.
Uno de los principales riesgos está relacionado con la enorme cantidad de excretas y aguas contaminadas con hormonas y antibióticos que generan estos establecimientos. La preocupación es mayor debido a las características del suelo kárstico de Yucatán, que favorecen la conexión entre la superficie y los sistemas de agua subterránea, por lo que un manejo inadecuado de los residuos podría afectar los mantos acuíferos.
Cenotes y comunidades mayas, entre las zonas bajo mayor presión
El Anillo de Cenotes, considerado un sitio Ramsar de importancia internacional, aparece entre las zonas de mayor preocupación, debido a que recibe agua de recarga del acuífero. A esto se suman otros impactos asociados con las granjas, como emisiones de metano, deforestación, malos olores, ruido y proliferación de moscas, además de reportes de habitantes que han señalado contaminación de pozos y afectaciones respiratorias y de la piel.
Uno de los casos destacados es el de Santa María Chi, donde en mayo de 2026 fueron retirados más de 41 mil cerdos como parte del cierre definitivo de una granja industrial. La acción es considerada un paso positivo; sin embargo, persiste la preocupación porque otras instalaciones continuarían operando pese a presuntas irregularidades ambientales y a la falta de consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas. Actualmente, además, existen más de 20 procesos de amparo promovidos por comunidades.
La problemática ambiental de la península también alcanza al sector apícola debido al uso de plaguicidas peligrosos. Se señala que sustancias como el glifosato, fipronil y neonicotinoides han sido relacionadas con episodios de muerte masiva de abejas, lo que afecta tanto al ecosistema como al sustento y la cultura de las comunidades dedicadas a la apicultura. También se advierte sobre la falta de datos oficiales suficientes para conocer los efectos de estos productos en la salud de las poblaciones expuestas.
Ante este panorama, se plantea que las autoridades refuercen la vigilancia y el control ambiental de las granjas porcinas, especialmente en lo relacionado con el tratamiento de sus desechos, y establezcan un plan de justicia socioambiental para Yucatán con participación de las comunidades, particularmente del pueblo maya. La propuesta contempla acciones de prevención, diagnóstico, reparación de daños y atención médica, además de una mayor protección del Acuífero Maya y de las zonas donde el agua subterránea sostiene a las comunidades y ecosistemas.
