Con un puñado de encuestas a modo, la presidenta, Claudia Sheinbaum, busca acabar con la partidocracia sin tener los votos suficientes en el Congreso de la Unión. El éxito de su agenda legislativa está maniatado a los partidos satélite de Morena.
Las exigencias de la oposición —blindar al sistema electoral de la injerencia del crimen organizado y mantener intacto al INE— quedarán relegadas en el debate sobre el “Plan B”. A través de los mecanismos directos y la democracia participativa, el oficialismo buscará eliminar los obstáculos heredados por el Pacto por México.
¿Sin fisuras? Las dirigencias nacionales del PVEM y el PT respaldaron los acuerdos alcanzados en el Palacio de Covián entre los coordinadores parlamentarios y la secretaria, Rosa Icela Rodríguez.
La materia electoral será susceptible de consultas populares y el referéndum para la Revocación del Mandato de Sheinbaum ocurriría en junio del 2027, en las elecciones concurrentes que renovarán la Cámara de Diputados y 17 de las 32 gubernaturas.
Con la mira puesta en el 2030, el proyecto claudista no admite dislates o componendas. Ignacio Mier y Ricardo Monreal deberán cumplir su encomienda o pagar el precio de sus deficiencias. En San Lázaro tienen mayor margen de maniobra, pues en breve deberá convocarse a la elección de tres nuevos integrantes del Consejo General del INE.
Intocables, por ahora, las autoridades electorales tendrían una agenda saturada para el 2027 con la Revocación de Mandato y la elección de los jueces y magistrados que debe realizarse, de conformidad con los transitorios de la reforma al Poder Judicial.
La mayoría oficialista apuesta a la continuidad, tras de los amagos rupuristas. La ideología no necesariamente está en el basamento de la alianza entre Morena, el PT y el PVEM. Es la lealtad su principal componente, con el nacionalismo, la defensa de la soberanía y una concepción “socialmente justa” de la economía como sus banderas actuales.
Su durabilidad —ha quedado claro— no puede estar al arbitrio de los intereses particulares de una minoría.
Efectos secundarios
REAPARICIONES. La iniciativa presidencial de reformas constitucionales conocida como “Plan B” llegará al Senado casi al mismo tiempo que un grupo de 180 exparlamentarios —la mayoría, del PRI y del PAN— se reunirá en un salón del segundo piso del edificio A de San Lázaro para definir una estrategia contra la propuesta oficialista. “Pongamos nuevamente al servicio de la patria lo que aprendimos en la vida pública: nuestra experiencia, nuestro conocimiento y nuestra responsabilidad con México”, planteaba el exhorto de los organizadores para los exparlamentarios, que volverán a sesionar antes de la Semana Santa, preocupados por el futuro democrático del país.
