Habían solicitado, a través de los canales oficiales, una reunión de trabajo “de carácter técnico” con los senadores que dictaminarán la iniciativa presidencial de reforma en materia electoral. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, atendió el requerimiento y los convocó para el mediodía, del lunes 23.
Pero los 11 integrantes del Consejo General del INE volvieron a anteponer sus diferencias a sus obligaciones. Y el disenso en el contenido del documento con sus observaciones al “Plan B” se impuso, aunque formalmente, notificaron a Castillo Juárez que no atenderían su invitación “derivado de compromisos institucionales”. La reprogramación de la reunión ha quedado en suspenso y la intervención en ella de tres consejeros (Dania Ravel, Claudia Beatriz Zavala y Jaime Rivera) será imposible, si esta ocurriera después del 4 de abril, cuando expira su mandato.
Quizá sus relevos sean designados en la Cámara de Diputados antes de las comisiones dictaminadores del Senado concluyan la “revisión técnica” de los contenidos del “Plan B”. El umbral para determinar el número de integrantes de los cabildos es uno de los principales escollos, pero el tema de fondo —como reconoce el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya— es la fecha para la celebración de la consulta revocatoria. Si es el primer domingo de junio del 2027, advirtió, no tendrá el respaldo del partido laborista.
En el Palacio de Covián proponen… pero en el recinto legislativo disponen. En la víspera de la sesión extraordinaria de las comisiones unidad de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, los senadores recibieron una comunicación para suspender sus trabajos, pues el proyecto de dictamen había pasado a una etapa de “revisión sobre aspectos de técnica legislativa”.
El líder de la mayoría morenista en el Senado, Ignacio Mier, concedía pocas posibilidades de que esta semana pudiera votarse en el Pleno. Los integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos son menos optimistas y aceptaron que la dictaminación puede tomar hasta tres semanas.
Y es siguen en el acopio de las observaciones de los gobernadores y de los consejeros del INE, que deberán llegar a la Cámara de Senadores antes de que concluya esta semana.
A contrarreloj, el “Plan B” de la presidenta Sheinbaum para quitar privilegios a la clase política y fortalecer la Revocación de Mandato llegaría al Pleno de la Cámara alta hasta después de la Semana de Pascua. Y en San Lázaro solo tendrían dos semanas para conocer el dictamen y someterlo a votación en el Palacio Legislativo.
Para tener efectos en los comicios del 2027, la reforma requiere ser aprobada por ambas cámaras federales y al menos 17 Congresos locales antes del primer domingo de junio. El tiempo apremia; no obstante, la presidenta directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que no habrá fast track en la dictaminación de la reforma electoral y que se respetará el Reglamento Interno.
“Siempre hay tiempo para hacer una reforma electoral que beneficie a la ciudadanía. Nunca habrá tiempo para una reforma electoral que lastime a la democracia”, sentenció.
