Después de seis rondas posicionamientos e invectivas, sin la intervención de la bancada petista, el dictamen del “Plan B” de la reforma electoral quedó aprobado por mayoría simple en las comisiones de Estudios Legislativos y de Puntos Constitucionales del Senado de la República.
Al Pleno, con apenas una reserva y media docena de votos particulares, llegará el debate. Y sin certidumbre sobre el sentido del voto de los parlamentarios del PT. En la víspera, por la vía de la depuración técnica, fueron corregidos los gazapos de la iniciativa presidencial, con un incremento en el número de ediles y, por consecuencia, el presupuesto requerido.
Aprobado, el dictamen que reforma el Artículo 35 constitucional para hacer posible que la Revocación de Mandato pueda solicitarse a partir de enero y celebrarse —si cumple con los requisitos constitucionales— el primer domingo de junio del 2027. La persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia. Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, uso de tiempos oficiales, así como la contratación de propaganda con fines de promoción y difusión relacionados con los procesos de revocación.
Y para “frenar privilegios”, estipula que las remuneraciones de los consejeros electorales, los magistrados electorales y los mandos superiores del INE, los OPLE y los tribunales electorales estatales no excederán el límite establecido en el Artículo 127 constitucional y no podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley.
El Pleno del Senado definirá este miércoles la suerte del “Plan B”. El líder morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, está preparado para el peor escenario. Y no es otro que la iniciativa presidencial sea aprobada en lo general por la coalición oficialista, pero que algunos artículos quedaran reservados y en la discusión, en lo particular, no obtuvieran los votos suficientes. La minuta solo incluiría lo aprobado por la mayoría calificada.
Las comisiones legislativas elaboraron en proyecto de dictamen sin esperar las recomendaciones de los consejeros electorales. La cita que había concertado, a nombre del INE, la secretaria ejecutiva, Claudia Arlett Espino, con Laura Itzel Castillo, quedó cancelada por “motivos de agenda” que no se precisaron. Aunque ahora es posible confirmar que al menos dos integrantes del Consejo General —Carla Humprey Jordan y Claudia Beatriz Zavala— estaban fuera de la CDMX. Una, en Monterrey, y otra, en el extranjero.
No obstante, ambas se sumaron al comunicado suscrito por otros cinco consejeros para deslindarse del documento recibido el pasado lunes 23 en la Cámara Alta. “Desconocemos por completo su origen, contenido y las circunstancias de su presunta entrega… dicho material no refleja ni representa una posición institucional”.
Efectos secundarios
HERENCIAS. En el último tramo de su sexenio, Américo Villarreal Anaya ha puesto punto final a “la urgencia de la transición” y enfocará sus esfuerzos para consolidar la transformación en Tamaulipas. Último de los gobernadores lopezobradoristas —junto con la maestra Delfina Gómez, del Estado de México— el mandatario fronterizo alineó su plan de gobierno a la filosofía del humanismo mexicano y tras rendir su cuarto informe de gobierno en el Polyforum de Ciudad Victoria, ante más de 5,000 invitados, insistió en que la visión humanista que orienta las políticas públicas se refleja en acciones concretas que brindan certeza, orden y bienestar a las familias. Tamaulipas —sostuvo— ya no se define por sus carencias, sino por su capacidad de actuar con fuerza, claridad y cohesión.
