Por Cristell Lozada
MÉRIDA, Yuc, a 9 de agosto de 2026.- Con consignas contra el despojo, la expansión inmobiliaria y la criminalización de defensores, comunidades mayas y colectivos de Yucatán llevaron este sábado sus conflictos territoriales hasta el centro de Mérida, donde exigieron que se respete su derecho a decidir qué ocurre en sus tierras.
La movilización partió del Remate de Paseo de Montejo y avanzó hasta la Plaza Grande como parte de las actividades por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En el recorrido participaron integrantes de los consejos comunitarios indígenas de Kinchil, Santa María Chí, Sisal, Dzitnup, Molas y Caucel Pueblo.
“¡El territorio no se vende; se ama y se defiende!” fue una de las frases que más se repitieron durante la marcha, en la que cada comunidad expuso problemáticas distintas, aunque con un mismo reclamo, frenar proyectos que, aseguran, avanzan sobre tierras comunitarias, zonas naturales, cenotes, costas, montes y sitios considerados de importancia cultural.
A la movilización también se sumaron habitantes de Gran Calzada, quienes mantienen oposición al proyecto de gasoducto de Engie; defensores de la duna costera de Chuburná Puerto, donde existe rechazo al desarrollo inmobiliario Las Dunas, y personas que denunciaron afectaciones a los vestigios arqueológicos de Dzoyilá ante la construcción de un supermercado.
Comunidades mayas alzan la voz por sus tierras
Los manifestantes señalaron que el crecimiento urbano de Mérida y su zona metropolitana está presionando cada vez más a comunidades y territorios mayas. Entre los proyectos que cuestionaron mencionaron desarrollos habitacionales, instalaciones turísticas, granjas porcícolas y avícolas, infraestructura energética y extracción de material pétreo.
A lo largo del recorrido se escucharon consignas como “¡Defender la tierra no es un delito; es un derecho!”, “¡Somos defensores, no criminales!”, “¡Agua sí, saqueo no!” y “¡Selva sí, despojo no!”, con las que los participantes denunciaron lo que consideran una creciente presión sobre sus territorios.
Uno de los principales planteamientos fue que cualquier proyecto que pretenda instalarse en tierras de comunidades indígenas debe contar con su consentimiento previo, libre e informado. También reclamaron la restitución de territorio ancestral y rechazaron que el crecimiento de Mérida determine unilateralmente el futuro de las comunidades que rodean a la capital.
La protesta llegó incluso frente a la estatua de los Montejo, donde los participantes exigieron nuevamente el retiro del monumento al considerar que representa a los conquistadores y simboliza una historia de invasión y discriminación hacia los pueblos originarios.
Pero la marcha también tuvo como destinatario al sistema de justicia. En el pliego entregado al Gobierno del Estado, las comunidades denunciaron presuntos actos de intimidación y criminalización contra personas que participan en la defensa territorial y ambiental.
Entre los casos mencionados se encuentra el conflicto por tierras comunitarias de Ixil, donde tres personas fueron vinculadas a proceso. Los manifestantes cuestionaron la actuación de la jueza Suemi del Rosario Lizama Sánchez y la posterior comunicación emitida por el Poder Judicial en torno a la audiencia.
También señalaron los casos del comisario de Santa María Chí, en medio del conflicto relacionado con una granja porcícola; de un integrante de Dzitnup que, según denunciaron, fue detenido y sufrió actos de violencia, así como otros episodios de amenazas, acoso, violencia digital y agresiones contra personas involucradas en la defensa de sus comunidades.
“¡Somos defensores, no criminales!” volvió a escucharse durante la concentración, en un reclamo para que las instituciones distingan entre quienes cometen delitos y quienes recurren a la organización comunitaria para defender sus tierras, recursos naturales y derechos colectivos.
Al llegar a Palacio de Gobierno, representantes de las comunidades entregaron su pliego petitorio. Entre sus demandas se encuentran la protección del territorio ancestral, respeto a la autonomía y a los derechos colectivos, consultas verdaderamente previas, libres e informadas, atención a daños ambientales y garantías para quienes participan en movimientos de defensa territorial.
También solicitaron la intervención de autoridades federales como Semarnat, Profepa e INAH para revisar los casos denunciados, hacer cumplir la legislación ambiental y de protección del patrimonio, reparar los daños que atribuyen a diversos proyectos y evitar que continúe el avance de obras sin consentimiento comunitario.
La marcha concluyó con una exigencia común entre comunidades que enfrentan distintos conflictos. Los participantes pidieron que el desarrollo de Yucatán no se construya a costa de sus territorios y que la defensa de la tierra no convierta a sus habitantes en perseguidos.
