Por Staff
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán dejó a Grupo Turbofin, S.A.P.I. de C.V., como única empresa para concursar por el arrendamiento de 65 patrullas durante un periodo de tres años. El procedimiento SSP-ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS-2026, desarrollado durante la administración del gobernador Joaquín Díaz Mena, contempla condiciones que fueron modificadas durante la junta de aclaraciones, de acuerdo con fuentes de la dependencia.
La SSP está encabezada por Luis Felipe Saidén Ojeda, mientras que Grupo Turbofin es propiedad de Aby Lijtszain Chernizky y Bernardo Lijtszain Bimstein, y está dirigida por Eduardo Flegman Lijtszain. Según las fuentes consultadas, el acta de aclaraciones consignó modificaciones a las condiciones del concurso derivadas de solicitudes presentadas por la compañía.
El calendario de la licitación estableció el 26 de octubre como fecha para la última junta de aclaraciones y el 30 de octubre para la presentación de propuestas. Esta programación llevó el procedimiento al plazo mínimo de tres días hábiles previsto en el artículo 35 del Acuerdo SAF 37/2021, que regula los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Gobierno de Yucatán.
Durante ese periodo, los participantes debían incorporar a sus propuestas las precisiones y modificaciones realizadas en la junta de aclaraciones. De acuerdo con las fuentes, el documento correspondiente registró cambios a las condiciones del concurso derivados de solicitudes de Grupo Turbofin.
Entrega de patrullas en un plazo de 10 días
Además del calendario de la licitación, las condiciones del contrato establecen que las 65 unidades deberán entregarse equipadas como patrullas en un plazo de apenas 10 días. Entre los requerimientos se encuentran torreta, sirena, balizamiento y sistemas de cámaras integrados a la plataforma tecnológica de la SSP, así como placas de circulación de Yucatán.
El plazo comprende la disponibilidad de los vehículos, la instalación del equipamiento policial y los sistemas tecnológicos, además de los trámites necesarios para que las unidades puedan circular. Estas condiciones forman parte de los requisitos establecidos en las bases del procedimiento de arrendamiento.
La entrega de las unidades en ese periodo se suma al calendario establecido para el concurso, en el que transcurrieron apenas cuatro días naturales entre la última junta de aclaraciones y la presentación de propuestas.
Otro aspecto del procedimiento se encuentra en el acta de la junta de aclaraciones, donde no aparecen las firmas de representantes de la Secretaría de Administración y Finanzas ni de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, aunque ambas dependencias habían sido convocadas, de acuerdo con la documentación referida por las fuentes.
Por parte del órgano de control firmó David Abraham González Mastache, contralor interno asignado a la SSP. El procedimiento estuvo encabezado por funcionarios del área administrativa de la dependencia, entre ellos Luis Alberto Pinzón Sarabia, subsecretario de Administración y Recursos Humanos; Luis Arturo Sabido Aguayo, coordinador general de Administración; José Humberto Durán Cituk, director de Administración, y Alicia Anaís Puerto Padilla, jefa del Departamento de Compras.
En el acta también se registró la participación de Rafael Jesús Chaires Cuevas, subsecretario de Seguridad Ciudadana, y Jesús Iván Flores Cuytun. Ambos aparecen entre los funcionarios que intervinieron en el desarrollo de la junta de aclaraciones.
La licitación se desarrolla durante la administración del gobernador Joaquín Díaz Mena, con la participación de funcionarios de las áreas administrativa y de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
