Por Cristell Lozada
PROGRESO, Yuc., a 13 de agosto de 2026.- La polémica por el desarrollo inmobiliario en las dunas de Chuburná Puerto llevó al Ayuntamiento de Progreso a actualizar su Reglamento de Zonificación y Construcción, una normativa que permaneció sin cambios durante más de tres décadas, informó el alcalde Erik Rihani González. La modificación dará al municipio mayores herramientas para evaluar futuros proyectos y atender las condiciones actuales del crecimiento urbano y turístico.
Las Dunas coloca el tema en el debate público
El asunto cobró relevancia debido a la oposición de habitantes y colectivos al proyecto inmobiliario Las Dunas, ubicado en Chuburná Puerto, por su posible impacto en esta zona costera. La actualización del reglamento ocurre en medio del debate sobre el avance inmobiliario y la protección de las dunas.
Rihani González explicó que la normativa municipal databa de 1993 y que, desde entonces, cambiaron las disposiciones federales y estatales relacionadas con el medio ambiente, el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial.
“El reglamento era de 1993 y evidentemente ya había muchas cosas que no estaban contempladas”, señaló el alcalde.
Cabildo aprueba la actualización
Las nuevas disposiciones abarcan el uso de suelo, la zonificación, las construcciones, el desarrollo urbano y aspectos relacionados con la regulación ambiental. El Cabildo aprobó las modificaciones con el objetivo de fortalecer las herramientas del Ayuntamiento para revisar los proyectos dentro de sus atribuciones.
El alcalde indicó que la actualización permitirá contar con mejores elementos para evaluar futuros desarrollos y evitar que las normas municipales queden rezagadas frente al crecimiento urbano y turístico de Progreso. La reforma no prohíbe de manera específica construir en zonas de dunas, sino que actualiza el marco municipal de regulación.
Proyecto Las Dunas continúa bajo revisión
En el caso de Las Dunas, el Ayuntamiento sostiene que, al actualizar la licencia de uso de suelo, verificó que el proyecto contara con los permisos y las factibilidades estatales y federales correspondientes. La controversia continúa bajo revisión de las autoridades competentes y el municipio deberá sujetarse a las determinaciones de las instancias ambientales.
