CIUDAD DE MÉXICO, a 31 de agosto de 2026.— El gobierno de Claudia Sheinbaum prepara una amplia ofensiva legislativa que pondrá en el centro el dinero público y el combate a la corrupción. La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, presentó ante diputados federales de Morena el paquete de reformas considerado prioritario para el siguiente periodo del Congreso.
La agenda incluye alrededor de 11 proyectos, entre ellos el Paquete Económico 2027, nuevas reglas para el IMSS-Bienestar, cambios relacionados con el Poder Judicial, feminicidio, doble nacionalidad y protección ambiental. Las iniciativas serán enviadas al Congreso de la Unión, donde deberán pasar por comisiones antes de llegar a votación.
¿De dónde saldrá el dinero y en qué se gastará?
Dos documentos concentrarán buena parte de la atención: la Ley de Ingresos de la Federación 2027, que calculará cuánto dinero obtendrá el gobierno y de qué fuentes, y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, encargado de definir cuánto se destinará a salud, educación, seguridad, infraestructura y programas sociales.
El gobierno todavía no ha dado a conocer cifras ni ajustes fiscales definitivos, pero Hacienda adelantó que buscará fortalecer la recaudación, conservar finanzas públicas sólidas, proteger la estabilidad de precios e impulsar la inversión pública. Para Yucatán, Campeche y Quintana Roo, la discusión será clave por sus posibles efectos en participaciones federales, obras estratégicas y recursos para servicios públicos.
Leyes contra la corrupción y la impunidad
El punto de mayor calado será una reforma a 19 leyes y la creación de dos nuevos ordenamientos anticorrupción. Uno será la Ley General Anticorrupción, que pretende utilizar tecnología para conocer prácticamente en tiempo real cómo se ejerce el presupuesto y cómo se adjudican las contrataciones gubernamentales; el nombre y contenido completo de la segunda ley, enfocada en combatir la impunidad, aún no han sido revelados.
El paquete fue elaborado con la participación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Auditoría Superior de la Federación. La apuesta oficial es cerrar espacios al uso irregular del dinero público, reforzar la fiscalización y facilitar las sanciones; sin embargo, la última palabra estará en el Congreso, donde las propuestas enfrentarán análisis, negociación y votación.
