Por Staff
Kinchil, Yucatán, a 16 de enero de 2026.– Lo que comenzó como una clausura ambiental dictada por autoridades federales terminó convertido en un verdadero pulso entre comunidades y una empresa acusada de ignorar la ley ambiental.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) amplió una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras descubrir que una empresa siguió trabajando en un predio de Kinchil pese a que la obra estaba oficialmente clausurada.
La historia empezó el 12 de noviembre de 2025, cuando Profepa impuso una clausura total temporal sobre un terreno donde se desarrollaban actividades atribuidas a la Productora Nacional de Huevo (CRÍO), por la afectación de aproximadamente 13.7 hectáreas de vegetación forestal sin autorización ambiental y el cambio de uso de suelo en áreas forestales sin permisos.
Sin embargo, el pasado 9 de enero de 2026, inspectores de Profepa regresaron al lugar y se llevaron una sorpresa: la clausura no había sido respetada. Allí seguían maquinaria pesada operando, despalando y nivelando el terreno con fines de construcción de vialidades y futuras instalaciones para crianza de aves, pese a la orden de suspensión.
Maquinaria desaparecida y sellos rotos
En la visita, las autoridades aseguraron una retroexcavadora y un bulldozer de oruga que estaban siendo usados para seguir con la obra. Pero en un regreso posterior el 12 de enero, encontraron solo el bulldozer, sin sellos y en diferente ubicación, mientras que la retroexcavadora había desaparecido del sitio, lo que se considera una manipulación indebida de bienes asegurados.
Además, personal de la constructora presente en el terreno se negó a recibir o firmar la orden de verificación, lo que fue calificado por Profepa como un incumplimiento grave y reiterado a las medidas de seguridad impuestas.
En consecuencia, la autoridad reinstaló los sellos de aseguramiento y elevó la denuncia penal ante la FGR el 13 de enero para que se investiguen posibles delitos ambientales y violaciones a la clausura.
Comunidad alza la voz
La clausura original no solo obedeció a la falta de permisos, sino también a denuncias ciudadanas por la remoción masiva de vegetación en una zona con vestigios arqueológicos mayas cercanos, lo que ha encendido las alarmas ambientales y sociales en la región.
Habitantes y organizaciones locales han señalado que este caso refleja una actitud de impunidad y una posible falta de respeto hacia las normas ambientales, incluso cuando ya existían suspensiones judiciales y órdenes de detener las obras.
