Por Cristell Lozada
MÉRIDA, Yuc, a 26 de marzo de 2026 .– La problemática ambiental generada por la industria porcícola en la Península de Yucatán escaló al ámbito internacional, luego de que la Organización de las Naciones Unidas advirtiera sobre los impactos severos en el agua, el suelo y la salud de comunidades mayas, lo que llevó a organizaciones civiles a exigir la declaratoria inmediata de emergencia socioambiental.
El señalamiento fue realizado por el relator especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, quien tras su visita oficial a México documentó la existencia de más de 500 instalaciones porcícolas en la región, muchas de ellas operando sin autorizaciones ambientales y sin procesos de consulta previa a las comunidades.
El diagnóstico expuesto evidenció un crecimiento acelerado y descontrolado de esta industria en la última década, con granjas de gran escala ubicadas cerca de poblaciones indígenas, lo que ha generado afectaciones directas en su entorno y calidad de vida.
Agua subterránea, en el centro de la preocupación ambiental
Uno de los principales focos de preocupación es la contaminación del agua, debido a que el suelo kárstico de la región facilita la filtración de desechos hacia los mantos acuíferos, los cuales constituyen la principal fuente de abastecimiento. Las excretas y aguas residuales, cargadas con sustancias como antibióticos y hormonas, se infiltran con facilidad, comprometiendo el acceso a agua limpia.
Esta situación ya impacta a las comunidades, donde habitantes reportan cambios en la calidad del agua de pozo, obligándolos a recurrir a agua embotellada, sin garantía total de estar libre de contaminantes.
Además del daño ambiental, organizaciones civiles señalaron afectaciones sociales, como el despojo de territorios, la falta de consulta a pueblos originarios y la criminalización de quienes se oponen a estos proyectos, lo que ha intensificado el conflicto en diversas localidades.
Ante este panorama, más de treinta organizaciones y comunidades mayas solicitaron a los tres niveles de gobierno la emisión de una Declaratoria de Emergencia Socioambiental, así como la creación de una mesa regional que incluya a población indígena, academia y sociedad civil para atender la crisis de manera integral.
Entre sus demandas destacan la suspensión de nuevas autorizaciones para proyectos que generen impactos ambientales, la garantía del derecho al agua limpia, la implementación de monitoreo en salud y el impulso de acciones de restauración ecológica.
Por su parte, el Gobierno del Estado informó que mantiene coordinación con instancias federales para fortalecer la supervisión ambiental del sector, además de implementar estrategias para el manejo de residuos; sin embargo, organizaciones consideran que estas acciones son insuficientes frente a la magnitud del problema documentado.
