CIUDAD DE MÉXICO, 8 de abril de 2026.– El Senado de la República aprobó el dictamen para la implementación del Certificado Laboral de Agroexportación, un mecanismo con el que se busca garantizar seguridad social, cumplimiento laboral y mejores condiciones para las y los jornaleros agrícolas, al tiempo que se fortalece la competitividad del sector agroexportador mexicano en los mercados internacionales.
La reforma incluye una modificación al artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la finalidad de facultar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para expedir certificaciones laborales conforme a la normatividad vigente. Además, se adiciona el artículo 283 Quater a la Ley Federal del Trabajo, para establecer que la dependencia podrá emitir certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social.
La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Geovanna Bañuelos de la Torre, subrayó que el proyecto articula una política laboral, comercial y ambiental para que el crecimiento del sector agroalimentario se sustente en el respeto efectivo de los derechos de las personas trabajadoras del campo y en la preservación de los recursos naturales. Afirmó que el dictamen busca que cada producto exportado por México lleve la garantía de haber sido elaborado en condiciones dignas.
Competitividad sin precariedad laboral
En la discusión legislativa, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, señaló que la reforma responde a los rezagos históricos de uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional. Sostuvo que México no puede elegir entre competitividad y derechos, por lo que el futuro del campo debe construirse con trabajo decente, sostenibilidad y fortaleza comercial, sustentado en estándares verificables y no en la informalidad.
En el debate, la senadora Sasil de León Villard, de Morena, sostuvo que el sector agroexportador no puede sostenerse sobre la explotación laboral ni sobre la destrucción de ecosistemas. En la misma línea, Lizeth Sánchez García, del PT, y Amalia Dolores García Medina, de Movimiento Ciudadano, respaldaron la reforma al considerar que alinea la política comercial del país con estándares avanzados en derechos laborales y sostenibilidad ambiental.
Alertan sobre retos para su aplicación
Desde la oposición, el senador Miguel Márquez Márquez, del PAN, reconoció que dignificar el trabajo del agro representa un acto de justicia social y una vía para cumplir compromisos internacionales como los vinculados al T-MEC, aunque pidió precisiones para evitar que la certificación se convierta en un obstáculo para el sector. Por su parte, la senadora priista Mely Romero Celis advirtió que, sin recursos adicionales y apoyos para productores, la medida podría quedarse corta si no se acompaña de financiamiento para cubrir cuotas patronales y mejorar la tecnificación del campo.
