CIUDAD DE MÉXICO, 9 de abril de 2026.— El denominado Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum ya es ley, luego de que al menos 17 congresos estatales aprobaron la minuta enviada por el Congreso de la Unión, alcanzando así la mayoría requerida para su validez constitucional.
Con este respaldo, la reforma queda formalmente avalada por las entidades federativas, consolidando uno de los cambios más relevantes en materia electoral en los últimos años, con ajustes en operación institucional, financiamiento y estructura administrativa.
Estados que avalaron la reforma
Los 17 congresos estatales que aprobaron el Plan B electoral son:
Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Guerrero, Baja California, Sonora, Sinaloa y Michoacán.
Estas entidades, en su mayoría gobernadas por Morena y sus aliados, fueron clave para alcanzar el umbral constitucional necesario y dar paso a la promulgación de la reforma.
El Plan B contempla modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, con el objetivo de reducir costos del sistema electoral, ajustar estructuras administrativas y redefinir el uso de recursos públicos en procesos electorales.
Entre los puntos más destacados se encuentra la optimización del gasto en organismos electorales, así como medidas orientadas a fortalecer la operación de los procesos comiciales desde una perspectiva de austeridad.
Debate político y posturas encontradas
Durante la discusión en congresos locales, legisladores afines al oficialismo defendieron que la reforma fortalece la democracia y combate excesos presupuestales, mientras que la oposición sostuvo que los cambios representan un riesgo para la autonomía electoral y el equilibrio institucional.
En varios estados, las votaciones reflejaron divisiones marcadas entre bancadas, evidenciando la polarización política que ha acompañado esta reforma desde su planteamiento inicial.
Impacto nacional y próximos pasos
Con la aprobación estatal, el siguiente paso es la promulgación oficial y publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que permitirá la entrada en vigor de las disposiciones.
Se prevé que las nuevas reglas comiencen a incidir en la organización de los próximos procesos electorales, en un contexto de alta expectativa sobre sus efectos en la competencia política y la operación institucional.
En la Península de Yucatán, los congresos de Campeche, Quintana Roo y Yucatán se sumaron al bloque de aprobación, alineándose con la mayoría nacional y reforzando el respaldo regional a la iniciativa federal.
Este posicionamiento confirma la influencia política del sureste en la consolidación de reformas estructurales impulsadas desde el Ejecutivo federal.
