CIUDAD DE MÉXICO, a 14 de abril de 2026.– A casi 12 años de los hechos violentos ocurridos en Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, una reciente resolución de un Tribunal Colegiado volvió a colocar el caso de Elisa Zepeda Lagunas en el centro de la discusión sobre acceso a la justicia, derechos de las víctimas y el alcance de los enfoques interculturales en procesos penales por delitos graves.
De acuerdo con lo expuesto por la también diputada local en una entrevista con Proceso, el nuevo criterio judicial pone en duda la atención integral de los hechos registrados en diciembre de 2014, cuando fueron asesinados su hermano Manuel Zepeda y Gustavo Estrada, además de que ella y su madre sufrieron agresiones físicas graves. Zepeda ha señalado que en ese ataque también hubo tentativa de feminicidio en su contra y de su madre.
El nuevo punto de tensión surge por un fallo que abre la posibilidad de que Miguel Ángel Peralta, uno de los sentenciados, obtenga su libertad. Según Zepeda, los magistrados dieron prioridad a una interpretación basada en la “especificidad cultural”, por encima del análisis de los homicidios y de las tentativas de feminicidio denunciadas por las víctimas.
Narrativas en disputa
La legisladora sostuvo que esta lectura judicial favorece una ruta de impunidad y omite juzgar con perspectiva de género la gravedad de los hechos. También señaló que, desde hace años, las personas sentenciadas y sus defensas han impulsado la versión de que se trata de “presos políticos”, una narrativa que, afirmó, distorsiona lo ocurrido y busca respaldo social a partir de la identidad indígena de los involucrados.
Entre las personas señaladas por Zepeda aparecen figuras vinculadas al PRI, como el exalcalde Alfredo Bolaños y Jaime Betanzos. La diputada recordó que, al momento de la agresión de 2014, no ocupaba un cargo público y su actividad estaba enfocada en el trabajo comunitario y en la defensa de los derechos de las mujeres.
Zepeda también denunció campañas de difamación en el entorno digital, las cuales, dijo, han prolongado la violencia política ejercida en su contra durante la última década.
En este contexto, la representación de las víctimas ha sostenido que pertenecer a un pueblo indígena no exime de responsabilidad penal en delitos como homicidio y tortura, y ha planteado que el proceso debe equilibrar las garantías procesales de los acusados con la protección de las víctimas.
El caso entra ahora en una etapa de revisión técnica. Las víctimas buscan que se analicen de fondo las violaciones a derechos humanos denunciadas desde 2014 y que también sean consideradas las voces de las víctimas indirectas, entre ellas la esposa e hijas de Manuel Zepeda.
