Por Cristell Lozada
MÉRIDA, Yuc., a 15 de mayo de 2026.- La venta ilegal de loros y aves silvestres volvió a incrementarse en Yucatán durante este mes de mayo, encendiendo las alertas entre ambientalistas y defensores de la fauna, quienes advierten que las redes sociales se han convertido en uno de los principales canales para el tráfico de especies protegidas.
De acuerdo con denuncias ciudadanas, los ejemplares son ofertados entre mil y mil 500 pesos mediante publicaciones digitales, pese a que se trata de especies protegidas por las leyes ambientales mexicanas y cuya comercialización representa un delito federal.
El biólogo Julián Rojas explicó que esta práctica ilegal aumenta cada año durante la temporada de reproducción, cuando traficantes ingresan a zonas de monte para localizar nidos en palmas de huano y extraer a los polluelos antes de que puedan desarrollarse.
El especialista advirtió que comprar loros convierte a las personas en cómplices de un delito ambiental, ya que muchas de estas especies se encuentran protegidas por la Norma Oficial Mexicana 059, aunque el saqueo de nidos y el comercio ilegal continúan ocurriendo con poca vigilancia y sanciones limitadas.
Comprar un loro puede llevarte a prisión
En México, el tráfico ilegal de psitácidos, grupo al que pertenecen loros y guacamayas, puede castigarse con penas de hasta nueve años de prisión y fuertes multas económicas. Sin embargo, ambientalistas señalan que las sanciones rara vez se aplican y que la venta de fauna silvestre ocurre abiertamente en redes sociales, mercados e incluso carreteras.
La situación ha generado preocupación entre organizaciones ambientales, que consideran que las leyes han sido rebasadas por las nuevas tecnologías y el anonimato digital que facilita el comercio clandestino de especies protegidas.
Actualmente, en plataformas digitales es posible encontrar anuncios de venta de guacamayas, loros y aves silvestres capturadas en distintos estados del país, incluido Yucatán, lo que ha provocado nuevos llamados para reforzar la vigilancia y aplicar sanciones más severas contra los responsables.
Ante este panorama, ambientalistas solicitaron la intervención de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas y exhortaron a la ciudadanía a no comprar fauna silvestre ni contribuir al tráfico ilegal de especies protegidas.
