Ha transcurrido el primer mes del proceso electoral que culminará el primer domingo de junio del 2027, con la renovación de las 500 curules de la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas. Morena ha tomado la delantera, con la designación de sus coordinadores estatales, y la convocatoria para los aspirantes a San Lázaro.
En las próximas 96 horas, los interesados deberán manifestar su intención, vía electrónica. Los actuales integrantes de la bancada oficialista —incluidos pevemistas y petistas— podrán buscar la reelección. La directiva partidista atendió las recomendaciones formuladas por el líder de la bancada, Ricardo Monreal Ávila, por lo que alcaldes y legisladores en funciones seguirán con sus actividades parlamentarias, aunque aquellos que ocupen cargos públicos o partidista, deberán separarse de ellos.
¿Vendrá una cascada de renuncias en el aparato burocrático? Estos procesos internos —campañas anticipadas, para muchos— son asincrónicos del cronograma decretado por el INE. La autoridad electoral sigue sin limitar a la organización morenista, mientras que entre académicos y especialistas en derecho electoral crecen las críticas por la incapacidad institucional para prevenir, detectar y sancionar presuntas irregularidades y la presunta intervención de redes de intereses políticos y económicos.
La corrupción electoral no se limita a la compra del voto o al desvío de recursos durante las campañas, define Mauricio Merino, coordinador del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara.
Merino advirtió que entre los asuntos a seguir se encuentran el adelanto de las actividades partidistas, la posible intervención del crimen organizado, la entrada de recursos ilícitos y el comportamiento de las autoridades responsables de garantizar condiciones equitativas de competencia. El investigador ha insistido además en que la corrupción electoral no debe observarse únicamente durante las campañas o reducirse a la compra del voto y al uso ilegal de recursos.
En defensa de la integridad electoral, esa institución tapatía, justo con el Instituto de Estudios sobre la Transición a la Democracia, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y la Fundación Friedrich Ebert han convocado a una sesión especial —dentro de dos semanas— para analizar la relación entre elecciones, corrupción, instituciones y ejercicio del poder. El seminario contará con mesas de diálogo y espacios de encuentro entre integrantes de la academia, personas tomadoras de decisiones, especialistas y organizaciones de la sociedad civil.
Efectos secundarios
CONTROVERSIA. Ha pasado una década del conflicto interpuesto por la abogada Irene León Escamilla contra Grupo Herdez. La litigante demandó a la empresa que dirige Héctor Hernández-Pons Torres por una relación de trabajo que la compañía ha refutado y que derivó en una contrademanda, por presunto fraude procesal que inició en 2024 y llevó al penal de Santa Martha Acatitla por a la agraviada. En mayo pasado, la fiscalía de la Ciudad de México decidió desistirse, tras considerar que había irregularidades, falta de elementos y una posible prescripción. Sin embargo, tribunales federales dejaron sin efectos esa decisión y determinaron que el argumento sobre el plazo no era procedente.
TERCIA. Gabriela La Bonita Sánchez decidió renunciar a la secretaría de la Juventud y el Deporte del gobierno poblano para enfocarse en la candidatura de Morena a la alcaldía del Puebla. Si este emprendimiento cuenta con el respaldo del gobernador Alejandro Armenta no está del todo claro, pero el rechazo de un amplio sector partidista al alcalde en funciones, Pepe Chedraui, Ante ese diferendo, han surgido voces a favor de la directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón.
