Dada la naturaleza sensible de los datos biométricos recolectados, pero sobre todo a la capacidad económica de la Federación Mexicana de Futbol, fue impuesta una multa de 42.8 millones a los responsables del sistema denominado FAN ID.
La FMF podrá impugnar la determinación, pero la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno —dependencia a la que está adscrita Transparencia para el Pueblo, el órgano que sustituyó al Inai— adelantó que defenderá con firmeza la legalidad de su resolución, pues tiene “estricto apego a derecho, en protección del interés público y de los derechos fundamentales de las personas”.
A destiempo, la dependencia encabezada por Raquel Buenrostro reabre un expediente cerrado por los comisionados del Inai ante el disenso sobre las sanciones propuestas por la instancia que investigó las denuncias.
Entonces, dos comisionadas argumentaron que el procedimiento iniciado contra la Federación y la firma proveedora de la ID wallet presentó “fallas graves” ya que fueron sometidos a una indagatoria sin notificarles formalmente, ni darles oportunidad de aportar pruebas y argumentos.
Si el Inai no garantizó un debido proceso entonces, ahora Transparencia para el Pueblo repite los errores de sus antecesores. Han pasado tres años de que el entonces órgano autónomo abordó ese asunto, archivado en el procedimiento de verificación 3.07.02-068, iniciado de manera oficiosa por la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado, en atención a diversas denuncias periodísticas sobre la obtención indebida de datos personales de los aficionados asistentes a los estadios de la Liga BBVA del futbol profesional, recopilados por la empresa INCODE Technologies, a través de la aplicación denominada FAN ID.
El 20 de septiembre del 2023, ordenó iniciar de oficio 18 expedientes de diversas investigaciones contra equipos de la Liga MX. Pero trascendió que funcionarios del Inai fueron denunciados por el abogado de la federación, Íñigo Riestra, por una presunta extorsión. El entonces secretario de Protección de Datos Personales, Jonathan Mendoza Iserte, y el director general de protección de derechos y sanciones, Miguel Novoa Gómez, fueron cesados en febrero del 2025.
Alma Patricia Sam, entonces titular del Órgano Interno de Control del Inai, atendió la queja, pero no sancionó a ningún exmando medio o superior del órgano autónomo. Tampoco actuó la fiscal especializada en combate a la corrupción, María de la Luz Mijangos Borja, ante lo difuso —y lo inverosímil— de los señalamientos: a cambio de boletos para el Mundial 2026 y la contratación de un despacho jurídico de su entorno, los funcionarios reducirían las multas impuestas a la FMF y a la empresa InCode por la implementación del llamado Fan ID.
El 3 de julio de 2025 los expedientes fueron archivados como asuntos total y definitivamente concluidos. La dirección determinó que no existían elementos suficientes para acreditar algún incumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión atribuible a los equipos de futbol.
Telefónicas, bancos, farmacéuticas, biotecnológicas, fabricantes de dispositivos médicos y fintech se cuentan entre aquellos que cuentan con bases de datos personales. Por compliance y de conformidad con las regulaciones vigentes en otros países, estas empresas —apoyadas por despachos jurídicos especializados— han habilitado oficinas especiales para la evaluación del impacto de la protección de datos (DPIA), evaluación de la seguridad de la información (ISA), y protección de datos como proveedor de servicios (DPOaaS).
