En aras de la seguridad, las autoridades federales han impuesto nuevos protocolos y medidas normativas para permitir la recolección de datos personales y biométricos. En el contexto internacional, la soberanía digital —quién controla los datos y dónde se almacenan— se ha convertido en un principio rector de la política en México, mientras que para Canadá, la privacidad tiene un peso cuasi constitucional arraigado en décadas de legislación y para Estados Unidos, los datos son principalmente un activo comercial.
Las naciones de Norteamérica están sujetas —todavía— al T-MEC. El capítulo 19 del acuerdo comercial prohíbe explícitamente los requisitos de localización de datos entre las tres partes. En la práctica, no se ha materializado esa disposición.
Desde 2018, México es parte del Convenio 108, el tratado fundacional del Consejo de Europa en materia de protección de datos. Ese ordenamiento establece obligaciones vinculantes sobre la forma en que se recogen, procesan, transfieren y protegen los datos personales, y exige la existencia de una autoridad de supervisión independiente capaz de hacer cumplir dichas obligaciones tanto frente al sector privado como frente al gobierno.
México había buscado anteriormente el estatus de adecuación de su regulación general de protección de datos, lo que habría permitido transferencias de datos sin trabas con la Unión Europea.
La reforma de 2025 a la Ley Federal de Protección de Datos de México introdujo cambios en materia de responsables del tratamiento, derechos de los titulares y transferencias que, en términos generales, son compatibles con las normas internacionales. Pero la extinción del Inai eliminó precisamente el tipo de organismo de supervisión que exige el Convenio 108 y cuya creación México había sido reconocida internacionalmente.
Transparencia para el Pueblo cumplirá un año en operación. Pero sin un organismo de aplicación creíble e independiente, los compromisos legales sobre el papel pierden peso ante los socios comerciales, los inversionistas y la sociedad civil por igual.
Cuando una empresa global evalúa dónde invertir, dos factores dominan su decisión: la gobernanza de datos y el acceso a la energía. En cuanto a los datos, la reforma a la ley ha generado fricciones operativas, particularmente para los nuevos modelos de servicio.
Al exigir que el consentimiento de la persona usuaria sea explícitamente «libre, específico e informado», la reforma elimina por completo la capacidad de una empresa de reutilizar los datos existentes de las personas usuarias para funciones secundarias «compatibles o análogas» sin obtener un consentimiento nuevo e independiente de la persona usuaria. Las grandes corporaciones cuentan con los recursos legales para adaptarse; las pymes no, y el efecto práctico ha sido expulsar a las más pequeñas de los mercados competitivos.
La extinción del Inai también generó un vacío de gobernanza adicional que complica la interoperabilidad de México con marcos regulatorios como el de Europa, donde la equivalencia en materia de protección de datos es un requisito básico para el acceso al mercado.
Efectos secundarios
AMPLIACIÓN. La promoción de la oferta gastronómica de México tendrá una importante ampliación, con la incorporación tres entidades de la República a la centenaria Guía MICHELIN. Al cierre de este espacio estaba confirmado que los expedientes de Michoacán y Nayarit habían sido admitidos por el equipo internacional y experto de selección, por lo que sus restaurantes estarán contemplados para las visitas de inspección que otorgan las Estrellas MICHELIN para aquellos locales que ofrecen experiencias culinarias excepcionales. San Luis Potosí y Veracruz estaban en la valoración final. Las gestiones de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, han sido decisivas en este esfuerzo.
