MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, Oax., 6 de abril de 2026.– Lo que parecía un traslado ordinario de pasajeros escondía un caso de tráfico ilegal de fauna silvestre: 192 iguanas verdes eran transportadas como carga clandestina en un autobús, en condiciones que evidencian crueldad extrema y explotación de especies protegidas.
Hacinadas, sin control y ocultas en la cajuela
El hallazgo, reportado el 4 de abril, reveló que los reptiles viajaban amontonados en 15 cajas de cartón, sin ventilación ni condiciones mínimas de bienestar, dentro de la cajuela de una unidad de la línea “Sur”. El autobús cubría la ruta Coatzacoalcos, Veracruz–Salina Cruz, Oaxaca, una vía que ahora se perfila como corredor para el trasiego ilegal de especies.
Al arribar autoridades de la Profepa, se confirmó un escenario crítico: 31 iguanas ya habían muerto, mientras que 161 sobrevivían en estado de estrés. No hubo detenidos ni responsables identificados, lo que refuerza la hipótesis de una operación clandestina estructurada, donde la fauna es tratada como mercancía desechable.
Rescate inmediato y liberación en su hábitat
Las iguanas vivas presentaban conductas defensivas propias de ejemplares recién capturados, lo que confirmó su extracción directa del medio silvestre. Para evitar una mayor mortandad, se ordenó su liberación inmediata en un ecosistema de selva baja caducifolia, con apoyo de la Sedena, Semar y Policía Estatal, devolviéndolas a condiciones naturales de supervivencia.
La Iguana iguana está protegida por la NOM-059-SEMARNAT-2010 y regulada en el Apéndice II de CITES, lo que convierte su captura y traslado sin autorización en una posible infracción ambiental grave. El caso expone cómo estas especies siguen siendo objetivo del mercado negro, pese a su relevancia ecológica.
Alerta por redes de tráfico y daño irreversible
La Profepa advirtió que el tráfico ilegal de fauna continúa operando en distintas regiones del país, generando daños irreversibles en los ecosistemas. “Cada ejemplar extraído ilegalmente representa una pérdida irreparable”, señaló la procuradora Mariana Boy Tamborrell, al subrayar que este delito debe atenderse como una amenaza directa a la biodiversidad nacional.
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