Ciudad de México, a 23 de febrero de 2026.– En medio de la ola de violencia desatada tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría ofrecido hasta 20 mil pesos por cada militar asesinado durante los enfrentamientos registrados en distintos puntos del país.
De acuerdo con el secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla, fue Hugo H., alias “El Tuli”, operador logístico y financiero del grupo criminal quien hizo incentivó ataques directos contra fuerzas federales en el contexto de los bloqueos carreteros y disturbios que se registraron tras el abatimiento de su líder.
La presunta oferta económica se habría dado mientras “El Tuli”, desde el Grullo, Jalisco, coordinaba los ataques de las células del CJNG que consistieron en bloqueos carreteros, quema de automóviles, ataques a gasolineras, comercios e instituciones bancarias, en una estrategia orientada a generar desestabilización y presión contra el Estado mexicano.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheimbaun, el General Ricardo Trevilla, narró que se identificó el lugar en el que operaba “El Tuli” y se desplegó un operativo para su captura, en el lugar, los elementos del ejército “repelen una agresión y en el enfrentamiento muere el delincuente, quien llevaba 7 millones 200 mil pesos y 965 mil dólares en efectivo”.
Autoridades federales confirmaron que se contabilizaron 85 bloqueos en al menos siete entidades, así como enfrentamientos armados que dejaron elementos de la Guardia Nacional fallecidos y varios lesionados. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las vialidades ya fueron liberadas y que la situación se encuentra bajo control operativo.
Violencia en varios estados
Los actos violentos se extendieron a estados como Jalisco, Michoacán, Veracruz y Zacatecas, donde se reportaron incendios de vehículos de carga y particulares, ataques a estaciones de servicio y agresiones directas contra personal militar y policial.
Especialistas en seguridad consultados por medios nacionales señalaron que este tipo de incentivos económicos forman parte de una lógica de “bonos criminales”, utilizados por organizaciones delictivas para escalar la confrontación y elevar el costo humano para las fuerzas del orden.
Analistas coinciden en que la difusión de este tipo de recompensas busca también un efecto psicológico: estimular la violencia interna del grupo y enviar un mensaje de desafío al gobierno federal, en un contexto marcado por el debilitamiento de la estructura del CJNG tras la muerte de su líder histórico.
El Gobierno de México mantiene activo un mando central de coordinación para atender cualquier nuevo incidente, mientras continúan las investigaciones para confirmar la autenticidad y alcance de la presunta oferta de 20 mil pesos por militar abatido.
