Por Cristell Lozada
MÉRIDA, Yuc, a 13 de agosto de 2026.- Más de 40 terrenos en Yucatán permanecen ligados a procesos de regularización por ocupaciones irregulares, principalmente casos que vienen de administraciones anteriores. El IVEY también advierte que algunas familias podrían estar siendo utilizadas por personas que lucran con la necesidad de vivienda.
El director del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, Felipe Cervera Hernández, explicó que son más de 30 predios del organismo los que actualmente se encuentran en esta situación, además de tres propiedades del Ayuntamiento de Mérida y alrededor de nueve terrenos particulares. En algunos casos, dijo, se han detectado documentos falsos y cobros que se presentan como pagos por limpieza o vigilancia.
El funcionario señaló que el reciente intento de ocupación de un predio estatal ya se encuentra bajo control y que la diligencia realizada por las autoridades se desarrolló respetando los derechos humanos. Aclaró que las personas involucradas ya habían tenido acercamientos con el IVEY y otras instancias de gobierno para conocer las vías legales disponibles para acceder a una vivienda.
Cervera Hernández reconoció que detrás de estos casos existe una necesidad habitacional que no puede ignorarse, pero insistió en que la falta de vivienda no puede convertirse en una justificación para tomar terrenos públicos. Por ello, sostuvo que la actual administración no permitirá que se repita la práctica de ocupar un predio y posteriormente presionar para conseguir su regularización.
Uno de los principales riesgos, advirtió, es que familias que buscan una vivienda terminen entregando dinero a personas que les prometen terrenos sin tener facultades para venderlos o asignarlos. Los falsos documentos y los cobros por conceptos aparentemente menores pueden ser parte de estos esquemas.
El IVEY mantiene los procedimientos legales para proteger la reserva territorial del Estado y llamó a quienes necesitan una vivienda a acercarse directamente a las instituciones. Entre las alternativas se encuentran los programas del propio Instituto, Infonavit y Conavi, con el propósito de evitar que las familias pierdan dinero o patrimonio en operaciones que carecen de respaldo legal.
