Ciudad de México, a 17 de abril de 2026.- El derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, cuyo origen fue ubicado en la zona Abkatún-Cantarell, derivó en la separación de tres funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y en el inicio de una investigación federal instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras confirmarse el ocultamiento de información clave.
Las indagatorias revelan que personal operativo no reportó una falla de integridad en un oleoducto ni la fuga de hidrocarburos, la cual fue negada incluso cuando el crudo ya alcanzaba las costas del Golfo, evidenciando una cadena de omisiones internas.
Al tiempo que fueron separados de sus funciones a 3 servidores públicos cuyos cargos son: Subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; Coordinador de Control Marino, y por último, el Líder de Derrames y Residuos; toda vez que pudieran estar vinculados con los hechos.
Magnitud real del derrame
Entre los datos ocultados destaca la recuperación de al menos 350 metros cúbicos de agua oleosa en barreras de contención, volumen que no fue informado en los reportes iniciales, lo que minimizó artificialmente la dimensión del incidente.
Aunque el derrame fue descrito como un simple “lagrimeo”, en campo se desplegó un operativo con al menos 11 embarcaciones, lo que evidenció una contingencia de mayor escala y contradicciones en la versión oficial.
Decisiones que agravaron la contingencia
El informe también señala que el flujo del ducto no se detuvo de inmediato, prolongando el derrame; la válvula principal fue cerrada hasta ocho días después. Además, se realizaron análisis técnicos y simulaciones sin transparentar el evento a los niveles superiores.
Los funcionarios removidos —Subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; Coordinador de Control Marino; y Líder de Derrames y Residuos— están bajo investigación, mientras Pemex presentó denuncias ante autoridades federales para deslindar responsabilidades.
Respuesta institucional y vigilancia en el Golfo
El Gobierno federal mantiene un operativo de monitoreo y atención ambiental en el Golfo de México, mientras el caso reabre el debate sobre transparencia, control interno y capacidad de respuesta en la industria petrolera nacional.
