CIUDAD DE MÉXICO, a 19 de julio de 2026.— La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo de un juez la medida cautelar de prisión preventiva contra Ernesto “N” y otras siete personas investigadas por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando, como parte de una investigación relacionada con operaciones irregulares en el comercio de combustibles.
De acuerdo con el comunicado oficial de la institución, la determinación judicial se produjo después de más de un día de audiencia, durante la cual el Ministerio Público Federal presentó cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar la imputación.
La FGR detalló que Ernesto “N”, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N” permanecerán en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en el Estado de México, mientras continúa el proceso penal.
Medidas cautelares diferenciadas
En el caso de José María “N” y Guillermo “N”, el juez determinó que permanezcan en sus domicilios debido a motivos de salud. Adriana “N”, por su parte, fue internada en el Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.
Al concluir esta etapa de la audiencia, los abogados defensores solicitaron ampliar el plazo legal para que el juez resuelva si existen elementos suficientes para continuar el proceso penal contra los acusados.
La Fiscalía explicó que los ocho investigados fueron detenidos en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como resultado de una investigación sobre presuntas operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.
Según la dependencia, el esquema investigado consistía en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras, reportando menores volúmenes o clasificando los hidrocarburos como otros productos para evitar el pago de impuestos.
La institución sostuvo que este tipo de prácticas ocasionan una afectación económica directa al país y, al mismo tiempo, representan una fuente de financiamiento para organizaciones criminales.
La FGR recordó que todas las personas señaladas en el procedimiento conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
