MÉRIDA, Yuc., 24 de marzo de 2026.- Autoridades de Yucatán asestaron un golpe a un esquema de fraude inmobiliario tras la detención y vinculación a proceso de cinco personas, presuntamente responsables de despojar a ciudadanos de sus viviendas mediante la manipulación de documentos legales.
El gobernador Joaquín Díaz Mena informó que las investigaciones, encabezadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), permitieron desarticular una operación que utilizaba firmas obtenidas de forma irregular para la elaboración de pagarés falsos con montos de hasta 450 mil pesos.
Un mecanismo basado en el engaño
De acuerdo con los avances del caso, los implicados captaban a sus víctimas —en su mayoría personas en condición vulnerable— bajo esquemas de préstamos informales o compras a crédito, para posteriormente hacer uso indebido de documentos firmados.
Con estos papeles, promovían juicios mercantiles que derivaban en el embargo de propiedades, configurando un patrón sistemático de despojo patrimonial.
“No se permitirá que se vulneren los derechos de las familias yucatecas mediante prácticas fraudulentas disfrazadas de legalidad”, advirtió el mandatario estatal.
El caso salió a la luz tras una serie de testimonios presentados en los Diálogos con el Pueblo, donde afectados señalaron haber perdido sus bienes por supuestas deudas que no reconocían o cuyos montos habían sido alterados.
Ante ello, Díaz Mena sostuvo que el proceso judicial en curso abre la posibilidad de restituir el patrimonio a quienes resultaron perjudicados por estas prácticas.
Refuerzan medidas de prevención
A raíz de este caso, las autoridades insistieron en la importancia de tomar precauciones al momento de firmar cualquier documento. Entre las recomendaciones destacan no firmar hojas en blanco, corroborar la identidad de las personas involucradas en acuerdos financieros y revisar a detalle las condiciones establecidas antes de aceptar cualquier compromiso.
También subrayaron que asumir el papel de aval implica una responsabilidad legal directa sobre la deuda, lo que puede poner en riesgo bienes propios.
El Gobierno del Estado reiteró que continuará fortaleciendo las acciones para garantizar la seguridad jurídica en Yucatán y llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad para evitar ser víctima de este tipo de delitos.
