Fueron 72 horas críticas para el rochismo. Entre su irrupción —la mañana del viernes 22— a la reunión del gabinete de seguridad estatal y su segunda licencia, el gobernador electo hace cinco años por los sinaloenses hizo gala de una insolencia pocas veces vista.
Con lentitud, pero con severidad, vino la respuesta de Palacio Nacional. Y el cierre de filas. ¿El segundo piso de la Cuarta Transformación es tan intransigente como su antecesor? Ya se verá en los próximos capítulos de este drama intramorenista, cuyos saldos debe cubrir, para bien y para mal, por una sociedad que atestigua un doble pleito: entre las bandas que disputan el control de la plaza y una atrincherada clase política que desafió al injerencismo.
Pronto se disiparán los derribos de estas horas infaustas. Más notable será la impotencia de la federación frente a un grupo político del que —para bien y para mal— no han podido prescindir. La diputación permanente, en sesión extraordinaria, dio cuenta del oficio remitido por Rubén Rocha Moya el viernes 21 para comunicar la recuperación de las funciones de gobernador y también de la solicitud de licencia temporal “con carácter indefinido por más de 30 días (sic)”, que recibió 26 horas después.
A las 11:25 horas (tiempo local), sin debate, los nueve diputados que acudieron la sesión extraordinaria concedieron —por unanimidad— la petición del político de Badiraguato. Apenas un cuarto de hora les tomó cumplir con ese trámite y aprobar la convocatoria al Pleno para un nuevo periodo extraordinario de sesiones que iniciará la tarde de este lunes 24 y durará “el tiempo necesario”. El punto de arranque será la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, del que surgirá un nuevo gobernador, que tendrá el carácter de provisional y cubrirá los 15 meses que le quedan al sexenio.
Ninguna prisa corre a los rochistas. La Diputación Permanente pudo nombrar al sustituto de Rocha Moya, pero en vez de eso, han llamado a periodo extraordinario y han rozado (¿involuntariamente?) la crisis constitucional, al dejar a la entidad sin Ejecutivo, por más de 24 horas.
El artículo 59 de la Constitución de Sinaloa plantea que si la falta absoluta del gobernador ocurriera en los últimos cuatro años de su período y el Congreso no estuviere reunido, en la Diputación Permanente recaerá el nombramiento de un Ejecutivo provisional y convocará al Congreso a sesiones extraordinarias para que se erija en Colegio Electoral y haga la elección de la gobernadora o del gobernador substituto.
Ya está visto que los poderes de Sinaloa no son escrupulosos, a la hora de aplicar el texto constitucional, que a la letra dice, en su artículo 60: “siempre que por cualquier motivo no pudiera por de pronto el Congreso o la Diputación Permanente, hacer la designación de que tratan los artículos anteriores, entrará a ocupar el cargo, provisionalmente, la Presidenta o el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado”.
Los magistrados, encabezados por presidente, Jesús Iván Chávez Rangel, acudieron el viernes 22 al despacho del Gobernador y dieron su respaldo a Rocha Moya. El gobernador sustituto, está claro, será rochista. Como rochista fue la interina, Yeraldine Bonilla Valverde, durante 122 días. Ahora despacha nuevamente como secretaria general de gobierno. Las decisiones unipersonales, ¿lo mejor para Sinaloa?
Rocha Moya no se “autoexilia”. Durante su primera licencia, mantuvo el control del aparato gubernamental a través de Enrique Insunza, quien despachaba en una oficina alterna a la de la gobernadora Yeraldine. Ambos, como el senador Ignacio Mier, delegado especial de la dirigencia morenista en la entidad, tuvieron contacto frecuente con el ahora exgobernador. ¿El legislador federal nunca reportó lo que se avecinaba a Palacio Nacional?
En su fallida reaparición, Rubén Rocha Moya presumió su exoneración. Al menos en su estado, no hay forma de encausarlo en un juicio político, no obstante haber incurrido en las faltas y omisiones contempladas en el Artículo 133 de la Constitución local.
