Por Cristell Lozada
MÉRIDA, Yuc., a 30 de julio de 2026.- La clausura del desarrollo inmobiliario “Las Dunas”, ubicado en Chuburná Puerto, debe ser analizada con imparcialidad y con estricto apego a la normatividad ambiental, consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán, José Enrique Molina Casares, quien llamó a las autoridades a determinar si el proyecto cuenta con los permisos correspondientes o si existen irregularidades que deban corregirse.
El dirigente empresarial explicó que, hasta el momento, únicamente tiene conocimiento de la colocación de los sellos de clausura por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), aunque señaló que aún no se han dado a conocer públicamente las causas específicas que motivaron la suspensión de las obras.
“No conozco realmente el motivo de la clausura de este proyecto, si la empresa tiene o no los permisos; lo único que tengo conocimiento es que hay una clausura“, expresó Molina Casares.
El líder del CCE sostuvo que cualquier desarrollo inmobiliario debe cumplir con el marco legal vigente y afirmó que corresponde a las autoridades ambientales determinar si la empresa puede continuar con los trabajos o si existen responsabilidades derivadas de posibles afectaciones al ecosistema. Agregó que el desarrollo económico y la protección ambiental deben avanzar bajo reglas claras y con certeza jurídica.
¿Qué fue lo que pasó?
La suspensión del proyecto ocurrió tras varias semanas de señalamientos por parte de habitantes y colectivos ambientalistas, quienes denunciaron presuntos trabajos de desmonte en una zona de dunas costeras y solicitaron la intervención de Profepa y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para verificar el cumplimiento de la legislación ambiental.
Hasta ahora, las autoridades federales no han precisado si la clausura obedece a la falta de autorizaciones ambientales, incumplimientos administrativos o daños detectados durante las inspecciones realizadas en el predio. Mientras se resuelve la situación jurídica del proyecto, vecinos y organizaciones civiles mantienen su exigencia de proteger las dunas costeras, al considerarlas fundamentales para la conservación del litoral yucateco y como una barrera natural frente a fenómenos hidrometeorológicos.
