Por Cristell Lozada
MÉRIDA, Yuc. a 27 de agosto de 2026.— La aprobación del empréstito por mil 562 millones de pesos para el Plan Bienestar Metropolitano no puso fin al debate sobre las obras de movilidad en Mérida. Urbanistas y organizaciones ciudadanas buscan abrir un diálogo técnico con las autoridades para modificar algunos proyectos y garantizar que se ajusten a las normas vigentes de movilidad y seguridad vial.
Plantean revisar proyectos de movilidad
La urbanista Graciela Carrillo señaló que, al no incorporarse sus planteamientos durante la discusión legislativa, los colectivos buscarán ahora establecer mesas de diálogo con la Secretaría de Infraestructura.
El objetivo será plantear modificaciones a los proyectos y revisar que las obras cumplan con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y la NOM-004-SEDATU-2023.
Carrillo aclaró que las organizaciones no están en contra del financiamiento aprobado, sino de que los recursos se ejerzan sin considerar los criterios establecidos en la legislación y las necesidades de quienes utilizan las calles.
Cuestionan ampliar la capacidad vial
Uno de los principales puntos de desacuerdo es la prioridad que el plan otorga al incremento de la capacidad vial. De acuerdo con Carrillo, aumentar el número de carriles puede generar una mayor demanda de viajes en automóvil, por lo que construir más espacio para los vehículos no necesariamente resolverá los congestionamientos.
Ante este escenario, los colectivos plantean fortalecer otras alternativas de movilidad, entre ellas:
- Reducir los tiempos de espera del transporte público.
- Mejorar el diseño de las rutas.
- Fomentar el uso de la bicicleta.
- Incorporar infraestructura peatonal adecuada.
La urbanista también cuestionó que algunas obras presentadas como infraestructura peatonal correspondan a puentes vehiculares con estructuras destinadas al cruce de personas. A su consideración, este tipo de soluciones no necesariamente responde a los criterios establecidos en las normas actuales.
No descartan recurrir a herramientas jurídicas
Los colectivos prevén concentrar primero sus esfuerzos en el diálogo con las autoridades para buscar cambios en los proyectos. Sin embargo, Carrillo advirtió que, si se mantiene la decisión de destinar 8 de cada 10 pesos a ampliar la capacidad vial, las organizaciones podrían recurrir a herramientas jurídicas para exigir que las obras se apeguen a la legislación vigente.
La discusión, por tanto, se mantiene abierta pese a la aprobación del financiamiento, con el debate centrado en cómo deberán ejercerse los recursos y qué modelo de movilidad debe priorizarse en Mérida.
