Por Cristell Lozada
MÉRIDA, Yuc., a 25 de marzo de 2026.– El debate sobre VIH, discriminación y derechos humanos llegó al Congreso de Yucatán. La diputada de Morena, Clara Paola Rosales Montiel, presentó una serie de iniciativas para eliminar disposiciones legales consideradas discriminatorias y actualizar el marco jurídico estatal con una visión más centrada en la dignidad humana.
La legisladora propuso derogar el artículo 189 del Código Penal local, al considerar que mantiene una lógica que criminaliza a las personas que viven con VIH, en lugar de atender el problema desde la salud pública, la prevención y el respeto a los derechos fundamentales.
“No se puede castigar una condición de salud”
Uno de los puntos centrales de la propuesta es frenar el uso de normas que, bajo el argumento de protección sanitaria, terminan por alimentar el estigma, la exclusión y el miedo al diagnóstico, factores que especialistas y activistas han señalado durante años como obstáculos para atender el VIH de forma efectiva.
La diputada sostuvo que mantener este tipo de disposiciones no solo resulta regresivo, sino que también desalienta la detección oportuna, complica el acceso a servicios médicos y profundiza la discriminación contra personas que ya enfrentan barreras sociales y culturales.
Además de la derogación penal, Rosales Montiel planteó una reforma a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán, con el fin de fortalecer la protección legal de quienes viven con VIH y de otras poblaciones en situación de vulnerabilidad.
La propuesta incorpora un enfoque que pone sobre la mesa temas clave como la privacidad, la orientación sexual, la identidad de género y el acceso a información veraz, elementos que forman parte del debate actual sobre derechos humanos y salud pública.
Yucatán, bajo presión por nuevos casos
La legisladora advirtió que Yucatán enfrenta un escenario que vuelve urgente esta discusión, al ubicarse entre las entidades con un número relevante de nuevos casos de VIH, lo que obliga a revisar si el marco legal vigente realmente ayuda a contener el problema o, por el contrario, lo agrava desde la exclusión.
En ese contexto, insistió en que la respuesta institucional no debe centrarse en castigos, sino en prevención, educación, atención médica, acceso a pruebas y políticas públicas sin prejuicios, con un enfoque que ponga en el centro a las personas y no al estigma.
La iniciativa, explicó, fue construida de manera conjunta con colectivos y organismos especializados, con la intención de alinear la legislación yucateca con principios constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos.
Con esta propuesta, el Congreso local abre la puerta a una discusión de alto impacto social y jurídico: si Yucatán debe mantener leyes que castigan indirectamente una condición de salud o avanzar hacia un modelo más moderno, incluyente y basado en derechos humanos para las personas que viven con VIH.
