Los especialistas han explicado que la contingencia sanitaria decretada por la pandemia de la Covid-19 modificó los registros estadísticos sobre los feminicidios en México. El origen familiar de las violencias volvió a ubicarse como la principal causa de ese oprobio.
En cualquier escenario, debe prevenirse desde que se presentan los primeros signos de violencia contra las mujeres. En este sexenio, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha comprometido con impulsar un cambio profundo en el marco legal. Los debates sobre los contenidos de la nueva Ley General comenzaron en el Senado de la República, centrados en la definición del tipo penal y su aplicación homogénea en todo el país.
La presidenta de la comisión de igualdad de género de la Cámara alta, Malu Michel, debe procesar las 796 propuestas legislativas formuladas a los 62 artículos y 12 transitorios de la iniciativa que deberá sancionarse en el próximo período ordinario de sesiones.
La nueva legislación —“aplicable y eficaz”, definió la senadora guanajuatense— será uno de los instrumentos jurídicos que deberá hacer valer la próxima secretaría de las Mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez, quien se recupera de una intervención quirúrgica y ya no regresará al recinto legislativo.
Antes de la pandemia, las autoridades habían establecido patrones de violencia contra las mujeres en las regiones del país afectadas por las actividades de grupos criminales. Uno de los trabajos que mayor evidencia aportó es la investigación académica de Fabiola Alanís, quien fue titular de la Comisión Especial para la Atención a Víctimas en el sexenio lopezobradorista.
Los saldos de la guerra contra el narcotráfico decretada durante el calderonismo y continuada por los peñistas afectó severamente a las mujeres de las regiones de Tierra Caliente y Sierra Costa, de Michoacán. Allí, el trasiego ilegal de armas —focalizado en la zona de conflicto comprendida por los municipios de Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Buenavista Tomatlán, Coahuayana, Coalcomán, Gabriel Zamora, Múgica, Parácuaro y Tepalcatepec— derivó en una espiral híper violenta. Se calcula que entre 2007 y 2027, en la región hubo más de 30,000 hombres armados
Según consta en el libro Historias de la Resistencia, escrito por Alanís, en el sexenio de Calderón Hinojosa, hay registro de por lo menos 117,859 personas asesinadas, entre ellas 13,714 mujeres. Y durante los primeros tres años del peñismo hubo 63,515 muertes violentas entre las que se contabilizaron al menos 7,439 mujeres asesinadas.
En ese periodo, los homicidios contra mujeres se incrementaron sustancialmente en el país, al pasar de 1,755 en el 2015 a 2,588 en el 2017. Así, entre el 2012 y el 2017 hay registro de 13,992 homicidios femeninos. Desde entonces hay evidencia de que la violencia que se comete contra las mujeres era una expresión dolorosa y desgarradora de una profunda descomposición social y política.
En ese marco, anota Fabiola, emerge el fenómeno de la feminización de la violencia. En los 11 municipios de la Tierra Caliente, se registraron el 36 por ciento de los feminicidios en la entidad durante se periodo. Si la premisa es la feminización de la violencia, un segundo hallazgo refuerza esa caracterización: los victimarios, en el caso de los feminicidios, ya no son en su mayoría las parejas sentimentales de la víctima, se trata presumiblemente de hechos y personajes vinculados al crimen organizado.
Efectos secundarios
POSICIÓN. Ayer 19 de agosto, al mediodía, un jet de la Armada de México llegó a Ezeiza, procedente de la CDMX. Sus pasajeros cumplirán instrucciones precisas, justo después de que las autoridades argentinas entreguen a la Interpol al contralmirante Fernando Farías Laguna, quien hace cuatro meses fue detenido en Buenos Aires y radicado en un centro penitenciario cercano a la terminal aérea, donde esperaba que se resolviera su situación jurídica. El juicio de extradición estaba programado para iniciar dentro de una semana, pero no se llegó a esa instancia.
